La normativa, que establece penas de hasta tres años por el robo de móviles y regula el ‘petaqueo’, avanza sin las enmiendas que pretendían endurecer la política de extranjería ni aumentar el número de fiscales debido a limitaciones presupuestarias.
Este jueves, el Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la Ley contra la Multirreincidencia, un proyecto presentado inicialmente por Junts que busca incrementar las sanciones para los delitos leves repetidos. La fase final de la votación se ha visto condicionada por la decisión del Ejecutivo de vetar dos enmiendas relevantes propuestas por el Partido Popular durante su debate en el Senado.
El obstáculo del «incremento de gastos»
El Gobierno ha bloqueado en la Mesa del Congreso dos modificaciones del PP con el argumento de que implicarían un coste económico excesivo para las finanzas públicas:
- Extranjería: Se planteaba reforzar los controles para la regularización de migrantes, lo cual, según el Ejecutivo, exigiría la creación de 400 nuevas plazas de funcionarios con un gasto de 17 millones de euros.
- Aumento de fiscales: La iniciativa de incrementar las plantillas con un fiscal por cada 100.000 habitantes (aproximadamente 491 plazas adicionales) conllevaría un coste extra de 54 millones de euros.
El Partido Popular ha anunciado que presentará recursos contra este veto, señalando que representa un gesto «muy grave» que limita las competencias del Parlamento.
Aspectos destacados de la nueva ley: móviles, ‘petaqueo’ y marihuana
A pesar de los vetos, la ley aprobada contiene modificaciones importantes en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
- Delitos relacionados con dispositivos electrónicos: El hurto de teléfonos móviles podrá ser sancionado con penas de hasta tres años de prisión.
- Acciones contra el narcotráfico: Se tipifica como delito el uso de embarcaciones para el suministro de combustible a narcolanchas en alta mar, conocido como ‘petaqueo’.
- Fraude de electricidad y cultivo ‘indoor’: Se establece un subtipo agravado para defraudaciones de fluido eléctrico vinculadas al cultivo de marihuana, con sanciones de hasta 18 meses de cárcel.
- Protección al sector agrícola: Se intensifican las medidas contra el robo de materiales y herramientas en explotaciones agrícolas.
División en el ámbito político
La aprobación de esta ley se interpreta políticamente como un gesto del PSOE hacia Junts, después de que el proyecto permaneciera estancado en el Parlamento por más de un año. Sin embargo, ha generado cierta ruptura dentro del bloque de la investidura:
«Los socios habituales como Sumar, Podemos y Bildu han manifestado críticas severas contra la ley, argumentando que no contribuirá a reducir los hurtos y que «fortalece los discursos de la extrema derecha». Por otra parte, ERC ha optado por abstenerse durante el procedimiento.»
Con este avance, el sistema judicial dispondrá de nuevos instrumentos para abordar la reincidencia en hurtos, una de las preocupaciones prioritarias para sectores comerciales y de seguridad en las ciudades principales.
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