El Ministerio del Interior establece un dispositivo aleatorio de 30 días en puertos y aeropuertos tras la negativa de Roma a retirar sus restricciones a los vuelos españoles.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden del Ministerio del Interior que restablece, durante un plazo de 30 días, los controles a los pasajeros que llegan desde conexiones aéreas y marítimas con Italia. Esta medida comenzó a aplicarse a partir de las 00:00 horas del sábado 8 de agosto y permanecerá vigente hasta el 7 de septiembre, realizándose de forma aleatoria dentro del marco del Código de fronteras Schengen.
La acción del Gobierno español responde de manera diplomática y operativa a la decisión previa de Italia de imponer restricciones a los viajeros originarios de España. Las autoridades italianas justificaron estas medidas tras la crisis migratoria ocurrida el 30 de julio en Ceuta, con el objetivo de evitar posibles desplazamientos secundarios. Ante la negativa de Roma de levantar sus controles, España tomó esta contramedida.
Despliegue en siete aeropuertos y balance de las primeras horas
La orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indica la existencia de una «amenaza grave, real y actual para el orden público y la seguridad interior» relacionada con la presión en la ruta del Mediterráneo central. Sin embargo, el documento especifica que el control será «proporcionado y flexible» para no obstaculizar la fluidez de las conexiones dentro de la Unión Europea.
El operativo de la Policía Nacional se extiende a siete aeropuertos del territorio nacional: Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia. Según los primeros datos oficiales proporcionados por Interior, hasta la noche del sábado fueron inspeccionados 199 viajeros nacionales de terceros países en alrededor de doce vuelos, destacando Madrid-Barajas (83) y Barcelona-El Prat (67) como los puntos con mayor número de verificaciones.
El Gobierno defiende la integridad de Schengen
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, se pronunció sobre este conflicto diplomático asegurando que el espacio Schengen «no ha sido vulnerado en ningún momento y permanece garantizado». Aagesen subrayó que no se ha detectado el tránsito de migrantes desde la ciudad autónoma de Ceuta hacia la Península.
Además, la ministra respaldó la postura adoptada por los ministerios de Interior y Exteriores como una respuesta de reciprocidad necesaria para «defender la dignidad de los ciudadanos españoles», y expresó su esperanza de que el Ejecutivo italiano reconsidere su posición y anule las restricciones unilaterales que afectan a las rutas españolas.
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden del Ministerio del Interior que restablece, durante un plazo de 30 días, los controles a los pasajeros que llegan desde conexiones aéreas y marítimas con Italia. Esta medida comenzó a aplicarse a partir de las 00:00 horas del sábado 8 de agosto y permanecerá vigente hasta el 7 de septiembre, realizándose de forma aleatoria dentro del marco del Código de fronteras Schengen.
La acción del Gobierno español responde de manera diplomática y operativa a la decisión previa de Italia de imponer restricciones a los viajeros originarios de España. Las autoridades italianas justificaron estas medidas tras la crisis migratoria ocurrida el 30 de julio en Ceuta, con el objetivo de evitar posibles desplazamientos secundarios. Ante la negativa de Roma de levantar sus controles, España tomó esta contramedida.
Despliegue en siete aeropuertos y balance de las primeras horas
La orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indica la existencia de una «amenaza grave, real y actual para el orden público y la seguridad interior» relacionada con la presión en la ruta del Mediterráneo central. Sin embargo, el documento especifica que el control será «proporcionado y flexible» para no obstaculizar la fluidez de las conexiones dentro de la Unión Europea.
El operativo de la Policía Nacional se extiende a siete aeropuertos del territorio nacional: Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia. Según los primeros datos oficiales proporcionados por Interior, hasta la noche del sábado fueron inspeccionados 199 viajeros nacionales de terceros países en alrededor de doce vuelos, destacando Madrid-Barajas (83) y Barcelona-El Prat (67) como los puntos con mayor número de verificaciones.
El Gobierno defiende la integridad de Schengen
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, se pronunció sobre este conflicto diplomático asegurando que el espacio Schengen «no ha sido vulnerado en ningún momento y permanece garantizado». Aagesen subrayó que no se ha detectado el tránsito de migrantes desde la ciudad autónoma de Ceuta hacia la Península.
Además, la ministra respaldó la postura adoptada por los ministerios de Interior y Exteriores como una respuesta de reciprocidad necesaria para «defender la dignidad de los ciudadanos españoles», y expresó su esperanza de que el Ejecutivo italiano reconsidere su posición y anule las restricciones unilaterales que afectan a las rutas españolas.
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden del Ministerio del Interior que restablece, durante un plazo de 30 días, los controles a los pasajeros que llegan desde conexiones aéreas y marítimas con Italia. Esta medida comenzó a aplicarse a partir de las 00:00 horas del sábado 8 de agosto y permanecerá vigente hasta el 7 de septiembre, realizándose de forma aleatoria dentro del marco del Código de fronteras Schengen.
La acción del Gobierno español responde de manera diplomática y operativa a la decisión previa de Italia de imponer restricciones a los viajeros originarios de España. Las autoridades italianas justificaron estas medidas tras la crisis migratoria ocurrida el 30 de julio en Ceuta, con el objetivo de evitar posibles desplazamientos secundarios. Ante la negativa de Roma de levantar sus controles, España tomó esta contramedida.
Despliegue en siete aeropuertos y balance de las primeras horas
La orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indica la existencia de una «amenaza grave, real y actual para el orden público y la seguridad interior» relacionada con la presión en la ruta del Mediterráneo central. Sin embargo, el documento especifica que el control será «proporcionado y flexible» para no obstaculizar la fluidez de las conexiones dentro de la Unión Europea.
El operativo de la Policía Nacional se extiende a siete aeropuertos del territorio nacional: Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia. Según los primeros datos oficiales proporcionados por Interior, hasta la noche del sábado fueron inspeccionados 199 viajeros nacionales de terceros países en alrededor de doce vuelos, destacando Madrid-Barajas (83) y Barcelona-El Prat (67) como los puntos con mayor número de verificaciones.
El Gobierno defiende la integridad de Schengen
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, se pronunció sobre este conflicto diplomático asegurando que el espacio Schengen «no ha sido vulnerado en ningún momento y permanece garantizado». Aagesen subrayó que no se ha detectado el tránsito de migrantes desde la ciudad autónoma de Ceuta hacia la Península.
Además, la ministra respaldó la postura adoptada por los ministerios de Interior y Exteriores como una respuesta de reciprocidad necesaria para «defender la dignidad de los ciudadanos españoles», y expresó su esperanza de que el Ejecutivo italiano reconsidere su posición y anule las restricciones unilaterales que afectan a las rutas españolas.
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La acción del Gobierno español responde de manera diplomática y operativa a la decisión previa de Italia de imponer restricciones a los viajeros originarios de España. Las autoridades italianas justificaron estas medidas tras la crisis migratoria ocurrida el 30 de julio en Ceuta, con el objetivo de evitar posibles desplazamientos secundarios. Ante la negativa de Roma de levantar sus controles, España tomó esta contramedida.
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La orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indica la existencia de una «amenaza grave, real y actual para el orden público y la seguridad interior» relacionada con la presión en la ruta del Mediterráneo central. Sin embargo, el documento especifica que el control será «proporcionado y flexible» para no obstaculizar la fluidez de las conexiones dentro de la Unión Europea.
El operativo de la Policía Nacional se extiende a siete aeropuertos del territorio nacional: Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia. Según los primeros datos oficiales proporcionados por Interior, hasta la noche del sábado fueron inspeccionados 199 viajeros nacionales de terceros países en alrededor de doce vuelos, destacando Madrid-Barajas (83) y Barcelona-El Prat (67) como los puntos con mayor número de verificaciones.
El Gobierno defiende la integridad de Schengen
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, se pronunció sobre este conflicto diplomático asegurando que el espacio Schengen «no ha sido vulnerado en ningún momento y permanece garantizado». Aagesen subrayó que no se ha detectado el tránsito de migrantes desde la ciudad autónoma de Ceuta hacia la Península.
Además, la ministra respaldó la postura adoptada por los ministerios de Interior y Exteriores como una respuesta de reciprocidad necesaria para «defender la dignidad de los ciudadanos españoles», y expresó su esperanza de que el Ejecutivo italiano reconsidere su posición y anule las restricciones unilaterales que afectan a las rutas españolas.
