El Gobierno ha presentado a sus socios de investidura un real decreto-ley sobre vivienda que contiene varias medidas, a pocas horas del Consejo de Ministros. No obstante, el acuerdo se complica por las diferencias existentes entre Junts y otros partidos de izquierda como ERC y Podemos. El Ministerio de Vivienda mantiene las negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo.
Uno de los principales asuntos en disputa es la protección frente a los desahucios. Junts plantea que la suspensión de los lanzamientos se aplique únicamente si la vivienda pertenece a un fondo de inversión, mientras que otros socios defienden una prohibición general. Aun así, hay consenso en impedir la adquisición de viviendas por parte de grandes fondos.
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Otra iniciativa del Gobierno consiste en estabilizar los contratos de alquiler para evitar incrementos abusivos en los precios. Esta medida implicaría la congelación del coste en los contratos. Junts propone amparar a los pequeños propietarios que de forma voluntaria reduzcan los alquileres, excluyéndolos de los desahucios y ofreciéndoles beneficios fiscales en el IRPF.
El decreto pretende asimismo regular el alquiler de temporada para evitar abusos en contratos de corta duración y establece un IVA del 21% para los pisos turísticos. Además, se prevén bonificaciones fiscales para los arrendatarios, aunque podrían quedar excluidas las familias con hipoteca, según la propuesta de Junts.
Entre las novedades que aún se negocian se encuentra la opción de ayudas directas para la compra de la primera vivienda. El Gobierno también plantea proteger el parque estatal de vivienda y reducir el IVA para los promotores de viviendas protegidas.
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