Dos de los 140 adjudicatarios de las viviendas de protección pública (VPP) situadas en la Playa de San Juan, Alicante, han optado por renunciar a sus propiedades en medio de la investigación que involucra al Ayuntamiento local, según informó este martes el alcalde Luis Barcala (PP).
En una rueda de prensa tras la junta de gobierno municipal, Barcala señaló que ambos afectados no ocupan cargos públicos y que, debido a la Ley de Protección de Datos, no puede revelar las razones específicas de su decisión. No obstante, mencionó que posiblemente no cumplían con los requisitos establecidos o que interpretaron incorrectamente los criterios de acceso a estas viviendas.
Esta controversia ha derivado en la dimisión de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, junto a una directora general municipal. Ante esta situación, el alcalde solicitó públicamente a quienes hayan recibido una vivienda de forma indebida que imiten a los renunciantes y devuelvan el inmueble.
Barcala afirmó que su administración continuará actuando con firmeza, agilidad y total transparencia, consciente de la preocupación social originada por este asunto.
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