CEAR, Oxfam e Irídia, junto a otras organizaciones, alertan de que el decreto instaura un «régimen de excepción» retroactivo que amenaza el principio de no devolución y la tutela judicial de los migrantes.
MADRID / CEUTA — Un conjunto de doce ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la asistencia a la población migrante ha reclamado este martes al Gobierno de España la retirada inmediata del proyecto de real decreto ley que busca acelerar las devoluciones y expulsiones en Ceuta. En un manifiesto conjunto, las entidades expresan su preocupación por las «consecuencias negativas» que dicha normativa podría tener para el derecho de asilo y la protección internacional en la frontera sur.
El comunicado, firmado por organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Oxfam Intermón, Irídia, Red Acoge, el Servicio Jesuita a Migrantes y la APDHA, entre otras, sostiene que el texto propuesto por el Ejecutivo establece de facto un «régimen extraordinario por razón territorial y temporal». Además, critican que se pretenda aplicar de forma retroactiva a todas las personas que hayan solicitado protección a partir del 30 de julio de 2026, fecha que marca el inicio del aumento de la presión migratoria en la ciudad autónoma.
Peligro para el principio de no devolución y obstáculos al asilo
La principal inquietud manifestada por los colectivos radica en la posible ruptura del principio de non-refoulement (no devolución), respaldado por la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las entidades advierten que el articulado incluye casos en los cuales la simple solicitud de asilo no detendría la expulsión ni aseguraría la permanencia provisional en territorio español durante la tramitación del expediente, poniendo a los solicitantes en riesgo de ser devueltos a países donde su vida o integridad puedan verse comprometidas.
Igualmente, las ONG denuncian las estrictas limitaciones temporales establecidas en el borrador para la presentación de solicitudes de protección internacional. En particular, el decreto contempla la inadmisión automática de peticiones realizadas después de siete días desde la notificación de la orden de devolución o denegación de entrada. Un plazo que consideran insuficiente, debido a la saturación del sistema en Ceuta, la falta de información adecuada para los recién llegados y los retrasos detectados en los controles policiales y sanitarios.
Limitaciones a la tutela judicial efectiva
Otro aspecto relevante señalado en el manifiesto es la drástica reducción de las garantías procesales. La norma establece un plazo de solo cinco días naturales para presentar recurso contra resoluciones desfavorables, inferior al previsto por el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Según las organizaciones firmantes, disponer de solo cinco días naturales impide ofrecer una defensa jurídica efectiva mediante asistencia legal gratuita, ya que dificulta que los abogados de oficio puedan analizar el expediente, reunirse con los afectados en condiciones adecuadas y disponer del servicio de interpretación necesario. Por estos motivos, instan al Gobierno a reconsiderar la norma y a adaptar el marco comunitario sin afectar las garantías constitucionales e internacionales en la frontera ceutí.
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MADRID / CEUTA — Un conjunto de doce ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la asistencia a la población migrante ha reclamado este martes al Gobierno de España la retirada inmediata del proyecto de real decreto ley que busca acelerar las devoluciones y expulsiones en Ceuta. En un manifiesto conjunto, las entidades expresan su preocupación por las «consecuencias negativas» que dicha normativa podría tener para el derecho de asilo y la protección internacional en la frontera sur.
El comunicado, firmado por organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Oxfam Intermón, Irídia, Red Acoge, el Servicio Jesuita a Migrantes y la APDHA, entre otras, sostiene que el texto propuesto por el Ejecutivo establece de facto un «régimen extraordinario por razón territorial y temporal». Además, critican que se pretenda aplicar de forma retroactiva a todas las personas que hayan solicitado protección a partir del 30 de julio de 2026, fecha que marca el inicio del aumento de la presión migratoria en la ciudad autónoma.
Peligro para el principio de no devolución y obstáculos al asilo
La principal inquietud manifestada por los colectivos radica en la posible ruptura del principio de non-refoulement (no devolución), respaldado por la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las entidades advierten que el articulado incluye casos en los cuales la simple solicitud de asilo no detendría la expulsión ni aseguraría la permanencia provisional en territorio español durante la tramitación del expediente, poniendo a los solicitantes en riesgo de ser devueltos a países donde su vida o integridad puedan verse comprometidas.
Igualmente, las ONG denuncian las estrictas limitaciones temporales establecidas en el borrador para la presentación de solicitudes de protección internacional. En particular, el decreto contempla la inadmisión automática de peticiones realizadas después de siete días desde la notificación de la orden de devolución o denegación de entrada. Un plazo que consideran insuficiente, debido a la saturación del sistema en Ceuta, la falta de información adecuada para los recién llegados y los retrasos detectados en los controles policiales y sanitarios.
Limitaciones a la tutela judicial efectiva
Otro aspecto relevante señalado en el manifiesto es la drástica reducción de las garantías procesales. La norma establece un plazo de solo cinco días naturales para presentar recurso contra resoluciones desfavorables, inferior al previsto por el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Según las organizaciones firmantes, disponer de solo cinco días naturales impide ofrecer una defensa jurídica efectiva mediante asistencia legal gratuita, ya que dificulta que los abogados de oficio puedan analizar el expediente, reunirse con los afectados en condiciones adecuadas y disponer del servicio de interpretación necesario. Por estos motivos, instan al Gobierno a reconsiderar la norma y a adaptar el marco comunitario sin afectar las garantías constitucionales e internacionales en la frontera ceutí.
CEAR, Oxfam e Irídia, junto a otras organizaciones, alertan de que el decreto instaura un «régimen de excepción» retroactivo que amenaza el principio de no devolución y la tutela judicial de los migrantes.
MADRID / CEUTA — Un conjunto de doce ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la asistencia a la población migrante ha reclamado este martes al Gobierno de España la retirada inmediata del proyecto de real decreto ley que busca acelerar las devoluciones y expulsiones en Ceuta. En un manifiesto conjunto, las entidades expresan su preocupación por las «consecuencias negativas» que dicha normativa podría tener para el derecho de asilo y la protección internacional en la frontera sur.
El comunicado, firmado por organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Oxfam Intermón, Irídia, Red Acoge, el Servicio Jesuita a Migrantes y la APDHA, entre otras, sostiene que el texto propuesto por el Ejecutivo establece de facto un «régimen extraordinario por razón territorial y temporal». Además, critican que se pretenda aplicar de forma retroactiva a todas las personas que hayan solicitado protección a partir del 30 de julio de 2026, fecha que marca el inicio del aumento de la presión migratoria en la ciudad autónoma.
Peligro para el principio de no devolución y obstáculos al asilo
La principal inquietud manifestada por los colectivos radica en la posible ruptura del principio de non-refoulement (no devolución), respaldado por la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las entidades advierten que el articulado incluye casos en los cuales la simple solicitud de asilo no detendría la expulsión ni aseguraría la permanencia provisional en territorio español durante la tramitación del expediente, poniendo a los solicitantes en riesgo de ser devueltos a países donde su vida o integridad puedan verse comprometidas.
Igualmente, las ONG denuncian las estrictas limitaciones temporales establecidas en el borrador para la presentación de solicitudes de protección internacional. En particular, el decreto contempla la inadmisión automática de peticiones realizadas después de siete días desde la notificación de la orden de devolución o denegación de entrada. Un plazo que consideran insuficiente, debido a la saturación del sistema en Ceuta, la falta de información adecuada para los recién llegados y los retrasos detectados en los controles policiales y sanitarios.
Limitaciones a la tutela judicial efectiva
Otro aspecto relevante señalado en el manifiesto es la drástica reducción de las garantías procesales. La norma establece un plazo de solo cinco días naturales para presentar recurso contra resoluciones desfavorables, inferior al previsto por el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Según las organizaciones firmantes, disponer de solo cinco días naturales impide ofrecer una defensa jurídica efectiva mediante asistencia legal gratuita, ya que dificulta que los abogados de oficio puedan analizar el expediente, reunirse con los afectados en condiciones adecuadas y disponer del servicio de interpretación necesario. Por estos motivos, instan al Gobierno a reconsiderar la norma y a adaptar el marco comunitario sin afectar las garantías constitucionales e internacionales en la frontera ceutí.
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El comunicado, firmado por organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Oxfam Intermón, Irídia, Red Acoge, el Servicio Jesuita a Migrantes y la APDHA, entre otras, sostiene que el texto propuesto por el Ejecutivo establece de facto un «régimen extraordinario por razón territorial y temporal». Además, critican que se pretenda aplicar de forma retroactiva a todas las personas que hayan solicitado protección a partir del 30 de julio de 2026, fecha que marca el inicio del aumento de la presión migratoria en la ciudad autónoma.
Peligro para el principio de no devolución y obstáculos al asilo
La principal inquietud manifestada por los colectivos radica en la posible ruptura del principio de non-refoulement (no devolución), respaldado por la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las entidades advierten que el articulado incluye casos en los cuales la simple solicitud de asilo no detendría la expulsión ni aseguraría la permanencia provisional en territorio español durante la tramitación del expediente, poniendo a los solicitantes en riesgo de ser devueltos a países donde su vida o integridad puedan verse comprometidas.
Igualmente, las ONG denuncian las estrictas limitaciones temporales establecidas en el borrador para la presentación de solicitudes de protección internacional. En particular, el decreto contempla la inadmisión automática de peticiones realizadas después de siete días desde la notificación de la orden de devolución o denegación de entrada. Un plazo que consideran insuficiente, debido a la saturación del sistema en Ceuta, la falta de información adecuada para los recién llegados y los retrasos detectados en los controles policiales y sanitarios.
Limitaciones a la tutela judicial efectiva
Otro aspecto relevante señalado en el manifiesto es la drástica reducción de las garantías procesales. La norma establece un plazo de solo cinco días naturales para presentar recurso contra resoluciones desfavorables, inferior al previsto por el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Según las organizaciones firmantes, disponer de solo cinco días naturales impide ofrecer una defensa jurídica efectiva mediante asistencia legal gratuita, ya que dificulta que los abogados de oficio puedan analizar el expediente, reunirse con los afectados en condiciones adecuadas y disponer del servicio de interpretación necesario. Por estos motivos, instan al Gobierno a reconsiderar la norma y a adaptar el marco comunitario sin afectar las garantías constitucionales e internacionales en la frontera ceutí.
