El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, utilizó cuentas en seis países, incluyendo Estados Unidos y Suiza, para ocultar comisiones millonarias derivadas de sobornos relacionados con proyectos urbanísticos durante su mandato. Las investigaciones del Caso Azud, dirigidas por el Juzgado de Instrucción 13 de Valencia, revelan que Grau operaba con la colaboración de sus familiares para desviar fondos ilícitos y evitar el control financiero.
Las investigaciones del Caso Azud han sacado a la luz una trama de corrupción que involucra a Alfonso Grau, quien fuera vicealcalde de Valencia entre 2002 y 2015. Grau, mano derecha de la exalcaldesa Rita Barberá, utilizaba cuentas bancarias en seis países diferentes (Estados Unidos, Reino Unido, Panamá, Luxemburgo, Mónaco y Suiza) para esconder los pagos recibidos como sobornos por amañar concursos y contratos urbanísticos en la ciudad.
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Según la juez que instruye el caso, el objetivo de estos sobornos era asegurar adjudicaciones a empresas privadas, como las del empresario Jaime María Febrer Rovira, quien pagaba grandes sumas de dinero a Grau para que favoreciera sus intereses en detrimento de los recursos públicos. Febrer, líder del Grupo Axis, figura como uno de los principales empresarios implicados, y las pruebas indican que las comisiones ilícitas ascendieron a millones de euros durante el período investigado, entre 2003 y 2013.
La trama también salpica a otros empresarios y funcionarios que habrían participado en este esquema de corrupción, en el cual las licitaciones públicas eran amañadas. Además, la investigación revela que Grau no actuaba solo, sino que se apoyaba en su familia para ocultar las transacciones ilegales. Su hija, María Ángeles Grau, y su yerno, Kent Lawrence Baker, jugaron un papel clave en la ocultación del dinero, utilizando cuentas bancarias en Estados Unidos, específicamente en JP Morgan Chase Bank y Guardian Credit, para mover los fondos provenientes de los sobornos.
Una de las cuentas clave identificadas por los investigadores está radicada en Estados Unidos, a nombre de María Ángeles Grau y su esposo. Dicha cuenta fue utilizada para transferir 1 millón de euros, dinero que, según las pruebas recogidas, provenía de sobornos pactados entre Grau y Febrer para la concesión de terrenos públicos en operaciones urbanísticas.
El informe judicial subraya que Alfonso Grau, valiéndose de su posición como presidente de la empresa pública Aumsa (encargada de las viviendas y actuaciones urbanísticas de Valencia), facilitaba adjudicaciones de terrenos a las empresas de Febrer, quien, a cambio, le pagaba comisiones millonarias. Para evitar ser descubierto, Grau optó por dividir los fondos en pequeñas cantidades inferiores a 3.000 euros, de modo que no quedaran registradas por los sistemas de control financiero.
Asimismo, el exvicealcalde alquiló tres cajas de seguridad en entidades bancarias españolas (BBVA y Bancaja) para guardar dinero en efectivo, a las cuales autorizó el acceso a sus hijas. Estas cajas contenían grandes sumas derivadas de las comisiones ilegales, una práctica que fue utilizada para eludir cualquier control de las autoridades financieras.
La participación de familiares en esta trama no se limitaba a los hijos de Alfonso Grau. Jaime María Febrer, el empresario cohechador, también involucró a su esposa e hijos en la gestión de cuentas bancarias y bienes destinados a ocultar los sobornos. A través de esta red familiar, tanto Grau como Febrer lograron mover grandes cantidades de dinero fuera de España, evitando así la detección por parte de las autoridades.
Los investigadores, gracias a la colaboración internacional de los países implicados y a las comisiones rogatorias, han logrado desvelar el complejo esquema de blanqueo de capitales que permitió a ambos implicados operar durante más de una década sin ser detectados. El Juzgado de Instrucción 13 de Valencia continúa avanzando en la investigación del Caso Azud, que ha expuesto uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al Ayuntamiento de Valencia.
Este entramado de corrupción no solo ha desvelado los mecanismos de soborno y blanqueo de capitales utilizados por Grau y su red, sino que también ha puesto de manifiesto las deficiencias en los sistemas de control de las adjudicaciones públicas, especialmente en lo que respecta a la gestión de fondos y contratos urbanísticos.
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