En una de las mayores operaciones contra el contrabando recientes, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desmantelado una extensa red criminal que gestionaba seis fábricas ilegales de tabaco distribuidas en España. Esta organización operaba a nivel casi industrial, produciendo unos ocho millones de cigarrillos diarios (alrededor de 400.000 cajetillas) de marcas reconocidas falsificadas como Marlboro, Camel y Winston. Este negocio ilegal generaba un beneficio de 2,5 millones de euros cada día, de los cuales aproximadamente dos millones provenían de fraude fiscal.
El operativo, que movilizó a más de 300 agentes en 23 ubicaciones del territorio nacional, finalizó con la captura de 51 personas, la incautación de 20 millones de cigarrillos y la confiscación de 38,4 toneladas de picadura de tabaco procedente de países como India, China y Emiratos Árabes Unidos.
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Fábricas móviles en naves industriales ocultas
Las instalaciones estaban ubicadas en naves industriales discretas en zonas de Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo, siempre próximas a importantes autopistas para facilitar la distribución.
Mandos de la UCO explican que estos centros de producción funcionaban como auténticos bunkers, con aislamiento total para impedir la detección de ruidos, olores o humedades. Contaban con generadores propios para evitar alertar a las compañías energéticas debido al consumo eléctrico. La red mostraba gran flexibilidad:
- Logística adaptable: Cada fábrica implicaba una inversión aproximada de un millón de euros, diseñada para ser desmontada y trasladada en caravanas de tráilers en un plazo de una semana tras operar entre dos y tres meses en un lugar determinado.
- Equipamiento avanzado: Se empleaba tanto maquinaria replicada desde China como equipos originales importados de Europa del Este.
- Producción continua: La actividad se realizaba en turnos de 24 horas sin interrupción.
«El tabaco ilegal no recibe el rechazo social que debería, probablemente por la asociación con el antiguo contrabando. En otros países se equipara al tráfico de drogas», señala uno de los responsables de la investigación, recordando que en España el tabaco grava un 80% de impuestos sobre su valor. Cada cajetilla ilegal, vendida a 5 euros, representaba 4 euros no pagados a Hacienda, lo que situaba el fraude anual en aproximadamente 200 millones de euros.
Explotación laboral y dirección internacional
El grupo estaba liderado en España por un ciudadano lituano, conocido por Europol desde 2015, y un polaco, que coordinaban la operación en la península con vehículos de alta gama.
Para minimizar filtraciones, la organización reclutaba principalmente a personas de Europa del Este (Polonia, Ucrania, Moldavia, Letonia y Rumanía), muchas con experiencia previa en la industria del tabaco, así como a desempleados locales en regiones con alta tasa de paro, quienes se encargaban de la distribución minorista.
Las condiciones laborales en las fábricas eran muy precarias, con trabajadores confinados dentro de las instalaciones en ambientes insalubres y sometidos a largas jornadas durante varios meses. Aunque a algunos prometían salarios de hasta 2.000 euros al mes, estaban bajo un régimen de explotación notable. En caso de averías en la maquinaria, técnicos especializados extranjeros eran movilizados de inmediato por la cúpula.
Colaboración internacional para desmantelar una red nacional
La investigación, denominada operaciones Vernisa y Maidan-Cigalike, se inició en 2020. La UCO indica que desde 2015 gran parte de la producción ilegal se ha desplazado desde contenedores transatlánticos hasta suelo europeo, teniendo como principales focos Polonia, Bélgica (especialmente el puerto de Amberes) y España. Este último país resulta estratégico para estas mafias por sus buenas infraestructuras viales y áreas con baja densidad poblacional.
El éxito en desbaratar esta red ha sido posible gracias a la coordinación de los juzgados de Elche (Alicante) y Tarancón (Cuenca), con la cooperación de Europol, la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) y cuerpos policiales de al menos diez países, con especial participación de Portugal, Lituania y Polonia.
Como dato relevante para entender el contexto, en España actualmente solo funciona una fábrica legal de tabaco, situada en las Islas Canarias. Sobre el material incautado, los investigadores coinciden con consumidores en que, a pesar de las buenas falsificaciones en el empaquetado, la calidad del tabaco producido era baja.
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