José María Ángel Batalla, comisionado del Gobierno para la Dana, enfrenta serias acusaciones relacionadas con la posible falsificación de sus acreditaciones académicas, a la vez que surgen interrogantes sobre la legalidad de su nombramiento como subsecretario.
El caso vinculado a José María Ángel Batalla, dirigente destacado del PSPV-PSOE y comisionado del Gobierno para la Dana, ha generado una situación delicada dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana está investigando al alto cargo por presunta falsificación de sus títulos académicos con la que habría accedido irregularmente a un puesto de funcionario en la Diputación de Valencia. De confirmarse esta situación, se pondría en duda la legitimidad de su actual cargo, que es equiparable a un rango de subsecretario.
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Esta controversia afecta no solo a Ángel Batalla, sino también al Gobierno central, que lo nombró mediante real decreto el 10 de diciembre, a propuesta del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y con respaldo del Consejo de Ministros. Según la normativa vigente, estos nombramientos exigen que el titular sea funcionario de carrera del subgrupo A1, requisito que implica tener un título universitario de Grado, conforme a lo estipulado en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Desde el Partido Popular, la portavoz en el Senado, Alicia García, ha pedido su “cese inmediato” y advierte que si se confirma que asumió el cargo de forma fraudulenta, podrían anularse todos los actos administrativos que haya firmado desde su puesto de comisionado.
La ley que regula el ejercicio de altos cargos establece que solo pueden ser designadas personas cuya “honestidad, formación y experiencia” estén debidamente verificadas. Además, el alto cargo debe presentar una declaración responsable que garantice la veracidad de sus datos y que posee la documentación que los respalda.
Ante la presión creciente, el Ministerio de Política Territorial solicitó a Ángel Batalla que aporte toda la información necesaria para aclarar su situación. Sin embargo, desde el PSPV-PSOE mantienen la defensa del comisionado. Jordi Mayor, portavoz socialista, señala que se trata de una “filtración con intenciones políticas” y asegura que el comisionado dará “explicaciones completas de la A a la Z”.
Mayor destacó el desempeño de Ángel como “un alcalde destacado” durante su gestión en La Eliana (1997-2015) y valoró su contribución en la gestión de emergencias durante el gobierno autonómico de Ximo Puig. El partido apoya al comisionado y critica la investigación, afirmando que se basa únicamente en “una versión parcial” y sin darle al afectado conocimiento previo.
No obstante, el caso podría alcanzar al presidente del Gobierno, ya que la designación de altos cargos con rango de subsecretario requiere su aprobación directa. La “excepcionalidad” del asunto y sus repercusiones legales representan un nuevo desafío para Moncloa, donde se opta por la prudencia a la espera de la documentación proporcionada por el implicado.
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