Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), ha solicitado mantener un encuentro restaurativo con Juan Ramón Carasatorre, condenado por el homicidio de su hermano Gregorio Ordóñez, concejal del Partido Popular asesinado por ETA el 23 de enero de 1995 en San Sebastián.
La solicitud fue enviada por Ordóñez el 22 de enero a través de un correo electrónico dirigido a la cárcel de Zaballa, donde Carasatorre cumple su pena. Tanto el centro penitenciario como el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco confirmaron la recepción de esta petición.
No obstante, la presidenta de Covite manifestó su sensación de exclusión frente a estos programas de encuentros restaurativos, afirmando que a otras víctimas sí se les ha ofrecido esa opción. Recordó que situaciones similares se vivieron con anterioridad en el marco de la denominada ‘vía Nanclares’, aunque tras su persistencia logró reunirse en junio de 2012 con Valentín Lasarte, coautor del asesinato de su hermano junto a Javier García Gaztelu, conocido como ‘Txapote’. Según Ordóñez, durante aquella reunión Lasarte no mostró un arrepentimiento genuino.
En relación con Carasatorre, Ordóñez manifestó sus dudas sobre un posible arrepentimiento, señalando que el condenado “se encuentra bajo el paraguas de Sortu” y figura en las listas de Etxerat como preso político, organizaciones que, según ella, limitan la expresión de remordimiento. A pesar de ello, indicó su intención de verlo cara a cara para “ponerlo en evidencia” con urgencia, dado que Carasatorre podría estar cerca de obtener el tercer grado penitenciario.
Asimismo, criticó el modelo de justicia restaurativa implementado desde 2021 por el Gobierno Vasco, considerando que se aplica un trato semejante a los presos de ETA y a quienes cometen delitos menores como robo de carteras, mientras que, en su opinión, los primeros “arrebataron vidas”.
Ordóñez concluyó expresando que esta iniciativa pretende destacar la gravedad de los crímenes cometidos por ETA y subrayar la diferencia entre la justicia que merecen las víctimas del terrorismo y la aplicada a otro tipo de infracciones.
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