El aumento de las importaciones de tomate procedente de Marruecos vuelve a ser objeto de críticas en el sector agrícola español. La organización agraria COAG calcula que en los últimos cinco años se han dejado de cultivar aproximadamente 4.000 hectáreas dedicadas al tomate, lo que supondría la pérdida de cerca de 24.000 puestos de trabajo vinculados directa o indirectamente a esta producción.
Esta estimación proviene de los datos facilitados por Andrés Góngora, secretario general de COAG, quien indica que cada hectárea dedicada al tomate genera alrededor de seis empleos.
Según sus cifras, España habría pasado de unas 12.000 hectáreas de tomate de invierno a cerca de 8.000, lo que representa una caída cercana al 33%.
COAG relaciona la reducción de cultivo con la presión del tomate marroquí
La organización agraria atribuye gran parte de esta disminución a las dificultades que enfrentan los productores españoles para competir con los precios de los tomates importados desde Marruecos.
“Cada hectárea de tomate genera seis empleos y, al perderse 4.000 hectáreas, estamos hablando de unos 24.000 puestos de trabajo menos”, explica Góngora.
Esta cifra de empleos debe considerarse como una estimación hecha por COAG basada en su proporción de empleos por hectárea, y no como un dato oficial de destrucción de empleo atribuible exclusivamente a las importaciones marroquíes.
El representante agrario señala que la presión competitiva está llevando a ciertos productores a abandonar el tomate o a optar por otros cultivos.
Reducción de 12.000 a 8.000 hectáreas en cinco años
COAG destaca que la superficie española dedicada al tomate de invierno ha descendido notablemente en los últimos cinco años.
“En la península hemos pasado de cultivar 12.000 hectáreas a 8.000 hectáreas de tomate en invierno”, señala Góngora.
Este descenso corresponde a unas 4.000 hectáreas menos, un volumen que representa aproximadamente un tercio de la superficie que había medio lustro atrás.
El sector muestra especial preocupación porque esta disminución podría afectar no sólo a los agricultores, sino también a almacenes, empresas de manipulación, transporte y otras actividades relacionadas con la cadena hortofrutícola.
La disparidad de precios, foco de críticas
Uno de los principales puntos señalados por los agricultores españoles es la diferencia en costes y precios entre ambos mercados.
Góngora explica que el régimen comunitario permite la entrada de determinados lotes de tomate marroquí a un precio aproximado de 46 céntimos por kilogramo, mientras que la producción española se sitúa en torno a un euro por kilogramo de media.
Según COAG, esta diferencia dificulta considerablemente la competencia para los agricultores nacionales.
La organización califica esta situación como competencia desleal, valoración compartida por el sector agrario y que forma parte de sus demandas ante las instituciones españolas y europeas.
El acuerdo comercial entre la UE y Marruecos vuelve a ser objeto de atención
Este debate coincide con la modificación del marco comercial entre la Unión Europea y Marruecos, en especial respecto a los productos procedentes del Sáhara Occidental.
Dicha modificación fue acordada en octubre de 2025 y se está aplicando de forma provisional mientras se completa su trámite institucional.
El propósito es ajustar el régimen de preferencias arancelarias tras las decisiones judiciales europeas relacionadas con el tratamiento de productos originarios del Sáhara Occidental.
El tema deberá retornarse al Parlamento Europeo, donde los diputados tendrán que decidir sobre las nuevas condiciones comerciales.
Las demandas de los agricultores por condiciones equitativas
Las organizaciones agrarias españolas llevan tiempo solicitando que los productos importados cumplan con requisitos similares a los establecidos para los productores europeos en cuestiones laborales, sanitarias, fitosanitarias y medioambientales.
El sector sostiene que reglas diferenciadas pueden generar desequilibrios en los costes que afectan directamente la rentabilidad de las explotaciones españolas.
En relación al tomate, COAG considera que la reducción de superficie en los últimos cinco años evidencia que esta situación tiene efectos estructurales.
La organización teme que, si esta tendencia persiste, España continúe perdiendo capacidad productiva y empleo en el sector agrícola, especialmente en algunas de las principales áreas hortofrutícolas.
Por el momento, los datos de COAG indican una disminución de 4.000 hectáreas y calculan en 24.000 los empleos vinculados a esa superficie, mientras el sector mantiene presión sobre España y Bruselas para revisar las condiciones con las que compiten los productos importados.
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UNIRME GRATIS AL CANALEl aumento de las importaciones de tomate procedente de Marruecos vuelve a ser objeto de críticas en el sector agrícola español. La organización agraria COAG calcula que en los últimos cinco años se han dejado de cultivar aproximadamente 4.000 hectáreas dedicadas al tomate, lo que supondría la pérdida de cerca de 24.000 puestos de trabajo vinculados directa o indirectamente a esta producción.
Esta estimación proviene de los datos facilitados por Andrés Góngora, secretario general de COAG, quien indica que cada hectárea dedicada al tomate genera alrededor de seis empleos.
Según sus cifras, España habría pasado de unas 12.000 hectáreas de tomate de invierno a cerca de 8.000, lo que representa una caída cercana al 33%.
COAG relaciona la reducción de cultivo con la presión del tomate marroquí
La organización agraria atribuye gran parte de esta disminución a las dificultades que enfrentan los productores españoles para competir con los precios de los tomates importados desde Marruecos.
“Cada hectárea de tomate genera seis empleos y, al perderse 4.000 hectáreas, estamos hablando de unos 24.000 puestos de trabajo menos”, explica Góngora.
Esta cifra de empleos debe considerarse como una estimación hecha por COAG basada en su proporción de empleos por hectárea, y no como un dato oficial de destrucción de empleo atribuible exclusivamente a las importaciones marroquíes.
El representante agrario señala que la presión competitiva está llevando a ciertos productores a abandonar el tomate o a optar por otros cultivos.
Reducción de 12.000 a 8.000 hectáreas en cinco años
COAG destaca que la superficie española dedicada al tomate de invierno ha descendido notablemente en los últimos cinco años.
“En la península hemos pasado de cultivar 12.000 hectáreas a 8.000 hectáreas de tomate en invierno”, señala Góngora.
Este descenso corresponde a unas 4.000 hectáreas menos, un volumen que representa aproximadamente un tercio de la superficie que había medio lustro atrás.
El sector muestra especial preocupación porque esta disminución podría afectar no sólo a los agricultores, sino también a almacenes, empresas de manipulación, transporte y otras actividades relacionadas con la cadena hortofrutícola.
La disparidad de precios, foco de críticas
Uno de los principales puntos señalados por los agricultores españoles es la diferencia en costes y precios entre ambos mercados.
Góngora explica que el régimen comunitario permite la entrada de determinados lotes de tomate marroquí a un precio aproximado de 46 céntimos por kilogramo, mientras que la producción española se sitúa en torno a un euro por kilogramo de media.
Según COAG, esta diferencia dificulta considerablemente la competencia para los agricultores nacionales.
La organización califica esta situación como competencia desleal, valoración compartida por el sector agrario y que forma parte de sus demandas ante las instituciones españolas y europeas.
El acuerdo comercial entre la UE y Marruecos vuelve a ser objeto de atención
Este debate coincide con la modificación del marco comercial entre la Unión Europea y Marruecos, en especial respecto a los productos procedentes del Sáhara Occidental.
Dicha modificación fue acordada en octubre de 2025 y se está aplicando de forma provisional mientras se completa su trámite institucional.
El propósito es ajustar el régimen de preferencias arancelarias tras las decisiones judiciales europeas relacionadas con el tratamiento de productos originarios del Sáhara Occidental.
El tema deberá retornarse al Parlamento Europeo, donde los diputados tendrán que decidir sobre las nuevas condiciones comerciales.
Las demandas de los agricultores por condiciones equitativas
Las organizaciones agrarias españolas llevan tiempo solicitando que los productos importados cumplan con requisitos similares a los establecidos para los productores europeos en cuestiones laborales, sanitarias, fitosanitarias y medioambientales.
El sector sostiene que reglas diferenciadas pueden generar desequilibrios en los costes que afectan directamente la rentabilidad de las explotaciones españolas.
En relación al tomate, COAG considera que la reducción de superficie en los últimos cinco años evidencia que esta situación tiene efectos estructurales.
La organización teme que, si esta tendencia persiste, España continúe perdiendo capacidad productiva y empleo en el sector agrícola, especialmente en algunas de las principales áreas hortofrutícolas.
Por el momento, los datos de COAG indican una disminución de 4.000 hectáreas y calculan en 24.000 los empleos vinculados a esa superficie, mientras el sector mantiene presión sobre España y Bruselas para revisar las condiciones con las que compiten los productos importados.
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Esta estimación proviene de los datos facilitados por Andrés Góngora, secretario general de COAG, quien indica que cada hectárea dedicada al tomate genera alrededor de seis empleos.
Según sus cifras, España habría pasado de unas 12.000 hectáreas de tomate de invierno a cerca de 8.000, lo que representa una caída cercana al 33%.
COAG relaciona la reducción de cultivo con la presión del tomate marroquí
La organización agraria atribuye gran parte de esta disminución a las dificultades que enfrentan los productores españoles para competir con los precios de los tomates importados desde Marruecos.
“Cada hectárea de tomate genera seis empleos y, al perderse 4.000 hectáreas, estamos hablando de unos 24.000 puestos de trabajo menos”, explica Góngora.
Esta cifra de empleos debe considerarse como una estimación hecha por COAG basada en su proporción de empleos por hectárea, y no como un dato oficial de destrucción de empleo atribuible exclusivamente a las importaciones marroquíes.
El representante agrario señala que la presión competitiva está llevando a ciertos productores a abandonar el tomate o a optar por otros cultivos.
Reducción de 12.000 a 8.000 hectáreas en cinco años
COAG destaca que la superficie española dedicada al tomate de invierno ha descendido notablemente en los últimos cinco años.
“En la península hemos pasado de cultivar 12.000 hectáreas a 8.000 hectáreas de tomate en invierno”, señala Góngora.
Este descenso corresponde a unas 4.000 hectáreas menos, un volumen que representa aproximadamente un tercio de la superficie que había medio lustro atrás.
El sector muestra especial preocupación porque esta disminución podría afectar no sólo a los agricultores, sino también a almacenes, empresas de manipulación, transporte y otras actividades relacionadas con la cadena hortofrutícola.
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Góngora explica que el régimen comunitario permite la entrada de determinados lotes de tomate marroquí a un precio aproximado de 46 céntimos por kilogramo, mientras que la producción española se sitúa en torno a un euro por kilogramo de media.
Según COAG, esta diferencia dificulta considerablemente la competencia para los agricultores nacionales.
La organización califica esta situación como competencia desleal, valoración compartida por el sector agrario y que forma parte de sus demandas ante las instituciones españolas y europeas.
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Este debate coincide con la modificación del marco comercial entre la Unión Europea y Marruecos, en especial respecto a los productos procedentes del Sáhara Occidental.
Dicha modificación fue acordada en octubre de 2025 y se está aplicando de forma provisional mientras se completa su trámite institucional.
El propósito es ajustar el régimen de preferencias arancelarias tras las decisiones judiciales europeas relacionadas con el tratamiento de productos originarios del Sáhara Occidental.
El tema deberá retornarse al Parlamento Europeo, donde los diputados tendrán que decidir sobre las nuevas condiciones comerciales.
Las demandas de los agricultores por condiciones equitativas
Las organizaciones agrarias españolas llevan tiempo solicitando que los productos importados cumplan con requisitos similares a los establecidos para los productores europeos en cuestiones laborales, sanitarias, fitosanitarias y medioambientales.
El sector sostiene que reglas diferenciadas pueden generar desequilibrios en los costes que afectan directamente la rentabilidad de las explotaciones españolas.
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La organización teme que, si esta tendencia persiste, España continúe perdiendo capacidad productiva y empleo en el sector agrícola, especialmente en algunas de las principales áreas hortofrutícolas.
Por el momento, los datos de COAG indican una disminución de 4.000 hectáreas y calculan en 24.000 los empleos vinculados a esa superficie, mientras el sector mantiene presión sobre España y Bruselas para revisar las condiciones con las que compiten los productos importados.
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Esta estimación proviene de los datos facilitados por Andrés Góngora, secretario general de COAG, quien indica que cada hectárea dedicada al tomate genera alrededor de seis empleos.
Según sus cifras, España habría pasado de unas 12.000 hectáreas de tomate de invierno a cerca de 8.000, lo que representa una caída cercana al 33%.
COAG relaciona la reducción de cultivo con la presión del tomate marroquí
La organización agraria atribuye gran parte de esta disminución a las dificultades que enfrentan los productores españoles para competir con los precios de los tomates importados desde Marruecos.
“Cada hectárea de tomate genera seis empleos y, al perderse 4.000 hectáreas, estamos hablando de unos 24.000 puestos de trabajo menos”, explica Góngora.
Esta cifra de empleos debe considerarse como una estimación hecha por COAG basada en su proporción de empleos por hectárea, y no como un dato oficial de destrucción de empleo atribuible exclusivamente a las importaciones marroquíes.
El representante agrario señala que la presión competitiva está llevando a ciertos productores a abandonar el tomate o a optar por otros cultivos.
Reducción de 12.000 a 8.000 hectáreas en cinco años
COAG destaca que la superficie española dedicada al tomate de invierno ha descendido notablemente en los últimos cinco años.
“En la península hemos pasado de cultivar 12.000 hectáreas a 8.000 hectáreas de tomate en invierno”, señala Góngora.
Este descenso corresponde a unas 4.000 hectáreas menos, un volumen que representa aproximadamente un tercio de la superficie que había medio lustro atrás.
El sector muestra especial preocupación porque esta disminución podría afectar no sólo a los agricultores, sino también a almacenes, empresas de manipulación, transporte y otras actividades relacionadas con la cadena hortofrutícola.
La disparidad de precios, foco de críticas
Uno de los principales puntos señalados por los agricultores españoles es la diferencia en costes y precios entre ambos mercados.
Góngora explica que el régimen comunitario permite la entrada de determinados lotes de tomate marroquí a un precio aproximado de 46 céntimos por kilogramo, mientras que la producción española se sitúa en torno a un euro por kilogramo de media.
Según COAG, esta diferencia dificulta considerablemente la competencia para los agricultores nacionales.
La organización califica esta situación como competencia desleal, valoración compartida por el sector agrario y que forma parte de sus demandas ante las instituciones españolas y europeas.
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El tema deberá retornarse al Parlamento Europeo, donde los diputados tendrán que decidir sobre las nuevas condiciones comerciales.
Las demandas de los agricultores por condiciones equitativas
Las organizaciones agrarias españolas llevan tiempo solicitando que los productos importados cumplan con requisitos similares a los establecidos para los productores europeos en cuestiones laborales, sanitarias, fitosanitarias y medioambientales.
El sector sostiene que reglas diferenciadas pueden generar desequilibrios en los costes que afectan directamente la rentabilidad de las explotaciones españolas.
En relación al tomate, COAG considera que la reducción de superficie en los últimos cinco años evidencia que esta situación tiene efectos estructurales.
La organización teme que, si esta tendencia persiste, España continúe perdiendo capacidad productiva y empleo en el sector agrícola, especialmente en algunas de las principales áreas hortofrutícolas.
Por el momento, los datos de COAG indican una disminución de 4.000 hectáreas y calculan en 24.000 los empleos vinculados a esa superficie, mientras el sector mantiene presión sobre España y Bruselas para revisar las condiciones con las que compiten los productos importados.
