El proceso judicial relacionado con Leire Díez ha registrado un avance importante con la citación de dos destacados miembros del PSOE como testigos. El juez encargado ha llamado a declarar al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al actual secretario de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, para el 2 de febrero de 2026.
Esta resolución surge tras las recientes declaraciones de Leire Díez, quien reconoció que mantuvo encuentros con Cerdán en abril de 2024. Según ella, estos encuentros se realizaron en su rol de periodista, aunque negó cualquier vinculación directa con el Partido Socialista.
El juez Arturo Zamarriego, a cargo del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, tomó esta decisión después de revisar los documentos aportados en la causa. En una providencia obtenida por RTVE, se indica que también ha citado a diversos empresarios vinculados a otras pesquisas por corrupción.
Entre los convocados figura Alejandro Hamlyn, investigado por un fraude millonario en el sector de hidrocarburos y actualmente desaparecido en Dubái. Asimismo, está Luis del Rivero, quien también debe comparecer ante el tribunal.
Todos los citados han sido notificados de que, salvo que presenten una justificación legal para no acudir, podrían ser sancionados con multas entre 200 y 5.000 euros. Esta advertencia refleja la seriedad con que el juzgado está manejando el caso.
En sus testimonios, Leire Díez afirmó que durante sus encuentros con Cerdán, en los que también estaba presente Hernando, no se trataron asuntos relacionados con la política interna del PSOE, pese al contexto político de quienes participan.
La figura de Leire Díez ha ganado protagonismo en esta causa. Como exmiembro del PSOE, sus declaraciones acerca de su relación con dirigentes del partido pueden tener consecuencias relevantes. Su situación es delicada, dado que sus palabras podrían repercutir tanto en ella como en otros involucrados, en ámbitos políticos y empresariales.
La investigación sobre Leire Díez se ha ido complicando. Se analizan supuestas maniobras para obtener información contra fiscales y mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), lo que mantiene la atención mediática sobre el desarrollo de este procedimiento judicial.
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