Este jueves, cientos de ciudadanos se reunieron frente al Ayuntamiento de Paiporta, próximo al barranco del Poyo, para solicitar la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la gestión de la dana ocurrida el 29 de octubre de 2024.
Durante la manifestación, los presentes expresaron consignas como «dimisión», «a prisión» y «asesino». Según los organizadores, La Veu de Paiporta, participaron más de 300 personas, mientras que la Delegación del Gobierno estimó una asistencia inferior a 200.
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La protesta también incluyó críticas hacia otros integrantes del Ejecutivo, entre ellos los ministros Fernando Grande Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa), así como la exministra Teresa Ribera, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
Esta movilización se produjo después de la renuncia del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cuyo cese había sido reclamado en reiteradas concentraciones mensuales numerosas. Aunque la participación contra Sánchez fue menor, la manifestación destacó por haberse realizado en Paiporta, la localidad más afectada por la dana, con 46 víctimas mortales, ubicada en el estrecho del barranco del Poyo, punto por donde confluyeron las aguas de la cuenca.
Los participantes denunciaron la carencia de infraestructuras hidráulicas destinadas a proteger a la población ante avenidas de agua. Se trata de un proyecto iniciado en 2010 que, pese a contar con la evaluación ambiental favorable, no se materializó debido a la inacción de varios gobiernos, desde José Luis Rodríguez Zapatero hasta Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
Además de la paralización de estas obras, los asistentes criticaron la lentitud de la respuesta estatal en los días posteriores a la catástrofe y el silencio de la Confederación Hidrográfica del Júcar durante las horas críticas, tal como admitió su presidente Miguel Polo en sede judicial.
Actualmente, el Gobierno ha reactivado el proceso de licitación para la elaboración de un proyecto actualizado que permita encauzar y regular el agua de la cuenca del Poyo, obra que hasta ahora no se había ejecutado por limitaciones presupuestarias y dificultades administrativas.
