El Consejo de Ministros revisa el mapa de acogida según la población y refuerza el modelo de reubicación obligatoria implementado el año anterior.
El Gobierno de España ha avanzado en la consolidación del sistema de distribución de menores migrantes no acompañados. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que ajusta la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma y ciudad autónoma según su población. Esta medida busca prolongar el modelo de reubicación aplicado hace un año y redefine los límites de saturación en las zonas fronterizas, estableciendo la capacidad base de Ceuta en 29 menores y la de Melilla en 30.
Dicha cifra es fundamental para garantizar la asistencia en la ciudad autónoma. El sistema considera que un territorio está «sobrepasado» y en situación de contingencia migratoria cuando excede en más de tres veces su capacidad ordinaria. Actualmente, Ceuta, Melilla y Canarias cumplen esta condición, lo que habilita la activación automática del traslado de los menores hacia la península.
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Distribución de la capacidad de acogida en España
El nuevo esquema de capacidades ordinarias, elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia, asigna una mayor carga demográfica a las comunidades con mayor población:
- Andalucía: Encabeza con 3.009 plazas.
- Cataluña: 2.829 plazas.
- Comunidad de Madrid: 2.471 plazas.
- Comunidad Valenciana: 1.903 plazas.
Los demás territorios mantienen cifras inferiores a 1.000 plazas. Galicia (940), Castilla y León (830), Canarias (783) y País Vasco (776) conforman un grupo intermedio, mientras que en la parte inferior, junto a Ceuta y Melilla, se ubican comunidades como La Rioja (114), Cantabria (206) y Navarra (237).
Apoyo institucional y debate político
Este modelo, implementado en marzo del año pasado tras la reforma de la Ley de Extranjería, se diseñó para aliviar la presión en las infraestructuras de los puntos de entrada. A pesar de la oposición de la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP), el Ejecutivo central ha mantenido su respaldo al sistema.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, subrayó que el sistema «prioriza el interés superior del menor» y establece por primera vez una corresponsabilidad efectiva de todas las regiones, sin importar por qué costa arriben los jóvenes.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reiteró el apoyo financiero del Gobierno central a las comunidades autónomas, indicando que durante el último año se destinaron 230 millones de euros para atender a la infancia migrante, de los cuales Canarias —que ha registrado una mayor presión recientemente— recibió más de la mitad (140 millones).
Con esta revisión, Ceuta obtiene un respaldo legal esencial para evitar el colapso permanente de sus centros de acogida, asegurando por ley el mecanismo de traslado de menores a la península.
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