La reciente presencia en Ceuta de la Secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación ha suscitado un notable malestar entre los profesionales del sector. Durante tres días, la representante ministerial sostuvo encuentros con la Dirección Provincial, algunos directivos, docentes de FP Básica y empresarios locales. No obstante, optó por no reunirse con los sindicatos, lo que generó descontento en la comunidad educativa.
El comunicado oficial tras su visita afirmó que se trabaja para desarrollar una Formación Profesional «ágil, flexible, dinámica, alineada con el modelo productivo y accesible para toda la población». Sin embargo, esta declaración genérica, según denuncian desde el ámbito educativo local, es aplicable a cualquier contexto y pone de manifiesto la falta de un compromiso concreto con la realidad de la FP en Ceuta.
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Un asunto central que no se abordó fue el futuro de la denominada “Ciudad de la FP”, un proyecto incluido en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, aprobado en 2022 por el Consejo de Ministros. Desde su aprobación, no se ha avanzado en su desarrollo ni se ha comunicado oficialmente su posible abandono. Esta falta de información resulta especialmente preocupante dada la fuerte apuesta política inicial.
Tampoco se ofrecieron respuestas claras acerca de la situación del Centro Integrado de FP nº 1, que pese a contar con cuatro años de actividad, sigue sin reglamento interno ni plantilla oficial. Esta falta implica que no puede cumplir completamente la normativa vigente y lo posiciona, en la práctica, como un instituto convencional que sólo imparte ciclos formativos, alejándose del modelo regulado para estos centros.
La secretaria general minimizó asimismo la relevancia de los centros integrados, defendiendo fortalecer la FP en institutos de secundaria. Esta postura ha sido interpretada por críticos como un apoyo al proceso de privatización educativa, priorizando criterios económicos sobre la calidad formativa y dejando en situación desfavorable a las familias con mayores dificultades.
La implantación de la FP Dual en Ceuta también presenta dificultades. Se ha realizado sin recursos ni apoyo institucional, sustentándose únicamente en el compromiso del profesorado. Las lagunas normativas, especialmente en la acreditación de tutores en empresas, han obligado a los docentes a sortear obstáculos legales sin respaldo oficial.
Además, existe un retraso en la puesta en marcha de los Certificados de Profesionalidad. El plazo legal terminó en enero sin que hayan comenzado a impartirse en la ciudad. Tras una instrucción poco clara e insuficiente, la administración decidió posponer su inicio al siguiente curso sin haber solucionado los problemas que originaron el retraso.
Quizá lo más grave sea la paralización del proceso de acreditación de competencias profesionales, que afecta a más de 300 ceutíes y que lleva dos años sin resolución. La ausencia de una normativa específica que regule el procedimiento, incluida la remuneración de evaluadores, ha bloqueado esta vía profesional. Esta dificultad podría superarse tomando como referencia las normativas vigentes en otras 17 comunidades autónomas.
Mientras tanto, desde el Ministerio se mantiene el discurso sobre una FP moderna, inclusiva y eficiente. No obstante, la realidad en Ceuta dista de tales afirmaciones. La comunidad educativa solicita menos mensajes vacíos y más medidas concretas y urgentes. La FP en Ceuta requiere acciones efectivas y no simples visitas institucionales.
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