La defensa del expresidente catalán señala al órgano contable por una «infracción del derecho comunitario» y por distorsionar la sentencia del TJUE al plantear que la malversación con fondos europeos no debería ser amnistiada.
Barcelona. – El conflicto legal relacionado con la amnistía registra un nuevo capítulo en las instituciones europeas. La defensa del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a cargo del abogado Gonzalo Boye, ha interpuesto una denuncia formal contra el Reino de España ante la Secretaría General de la Comisión Europea. En el documento se acusa al Tribunal de Cuentas de cometer un «incumplimiento manifiesto y deliberado» del derecho comunitario al retrasar la aplicación de la norma.
Esta acción responde a la providencia emitida por el órgano contable, que consulta a las partes si es posible excluir de la amnistía a cerca de treinta ex altos cargos del Govern —entre ellos Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig— en caso de que los gastos del proceso independentista se hayan financiado con fondos de la Unión Europea.
Solicitud de un procedimiento de infracción urgente
En el escrito dirigido a Bruselas, la defensa demanda la apertura de un procedimiento de infracción (según el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE) y solicita que se remita con carácter «urgente» una carta de emplazamiento al Estado español. Boye sostiene que las acciones del Tribunal de Cuentas incumplen los principios de cooperación leal y tutela judicial efectiva contemplados en los tratados europeos.
Las principales críticas planteadas por la defensa incluyen:
- Distorsión de la sentencia del TJUE: Acusan al tribunal de publicar una nota de prensa oficial que «falsifica» la reciente resolución europea, atribuyéndose aprobaciones sobre aspectos que habrían sido declarados inadmisibles según la defensa.
- Demoras y medidas cautelares: Señalan la reapertura de una fase probatoria y la suspensión indefinida del plazo legal de dos meses para la aplicación de la amnistía, dejando vigentes medidas cautelares que afectan a los encausados por más de 9,5 millones de euros.
Escritos adicionales dirigidos al TJUE y al Tribunal de Cuentas
Simultáneamente, la representación legal de Puigdemont, Comín y Puig ha acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para informar sobre el supuesto incumplimiento de su fallo por parte del órgano español. Además, han presentado alegaciones ante el Tribunal de Cuentas rechazando categóricamente el uso de fondos comunitarios para los actos del procés y solicitando que se resuelva la amnistía dentro del plazo legal establecido.
Esta estrategia legal coincide con la posición de la Fiscalía, que, este martes, instó al Tribunal de Cuentas a aplicar de forma inmediata la ley de amnistía a todos los implicados, calificando como «innecesario e improcedente» cualquier cuestionamiento adicional tras la sentencia europea.
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Barcelona. – El conflicto legal relacionado con la amnistía registra un nuevo capítulo en las instituciones europeas. La defensa del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a cargo del abogado Gonzalo Boye, ha interpuesto una denuncia formal contra el Reino de España ante la Secretaría General de la Comisión Europea. En el documento se acusa al Tribunal de Cuentas de cometer un «incumplimiento manifiesto y deliberado» del derecho comunitario al retrasar la aplicación de la norma.
Esta acción responde a la providencia emitida por el órgano contable, que consulta a las partes si es posible excluir de la amnistía a cerca de treinta ex altos cargos del Govern —entre ellos Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig— en caso de que los gastos del proceso independentista se hayan financiado con fondos de la Unión Europea.
Solicitud de un procedimiento de infracción urgente
En el escrito dirigido a Bruselas, la defensa demanda la apertura de un procedimiento de infracción (según el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE) y solicita que se remita con carácter «urgente» una carta de emplazamiento al Estado español. Boye sostiene que las acciones del Tribunal de Cuentas incumplen los principios de cooperación leal y tutela judicial efectiva contemplados en los tratados europeos.
Las principales críticas planteadas por la defensa incluyen:
- Distorsión de la sentencia del TJUE: Acusan al tribunal de publicar una nota de prensa oficial que «falsifica» la reciente resolución europea, atribuyéndose aprobaciones sobre aspectos que habrían sido declarados inadmisibles según la defensa.
- Demoras y medidas cautelares: Señalan la reapertura de una fase probatoria y la suspensión indefinida del plazo legal de dos meses para la aplicación de la amnistía, dejando vigentes medidas cautelares que afectan a los encausados por más de 9,5 millones de euros.
Escritos adicionales dirigidos al TJUE y al Tribunal de Cuentas
Simultáneamente, la representación legal de Puigdemont, Comín y Puig ha acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para informar sobre el supuesto incumplimiento de su fallo por parte del órgano español. Además, han presentado alegaciones ante el Tribunal de Cuentas rechazando categóricamente el uso de fondos comunitarios para los actos del procés y solicitando que se resuelva la amnistía dentro del plazo legal establecido.
Esta estrategia legal coincide con la posición de la Fiscalía, que, este martes, instó al Tribunal de Cuentas a aplicar de forma inmediata la ley de amnistía a todos los implicados, calificando como «innecesario e improcedente» cualquier cuestionamiento adicional tras la sentencia europea.
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La defensa del expresidente catalán señala al órgano contable por una «infracción del derecho comunitario» y por distorsionar la sentencia del TJUE al plantear que la malversación con fondos europeos no debería ser amnistiada.
Barcelona. – El conflicto legal relacionado con la amnistía registra un nuevo capítulo en las instituciones europeas. La defensa del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a cargo del abogado Gonzalo Boye, ha interpuesto una denuncia formal contra el Reino de España ante la Secretaría General de la Comisión Europea. En el documento se acusa al Tribunal de Cuentas de cometer un «incumplimiento manifiesto y deliberado» del derecho comunitario al retrasar la aplicación de la norma.
Esta acción responde a la providencia emitida por el órgano contable, que consulta a las partes si es posible excluir de la amnistía a cerca de treinta ex altos cargos del Govern —entre ellos Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig— en caso de que los gastos del proceso independentista se hayan financiado con fondos de la Unión Europea.
Solicitud de un procedimiento de infracción urgente
En el escrito dirigido a Bruselas, la defensa demanda la apertura de un procedimiento de infracción (según el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE) y solicita que se remita con carácter «urgente» una carta de emplazamiento al Estado español. Boye sostiene que las acciones del Tribunal de Cuentas incumplen los principios de cooperación leal y tutela judicial efectiva contemplados en los tratados europeos.
Las principales críticas planteadas por la defensa incluyen:
- Distorsión de la sentencia del TJUE: Acusan al tribunal de publicar una nota de prensa oficial que «falsifica» la reciente resolución europea, atribuyéndose aprobaciones sobre aspectos que habrían sido declarados inadmisibles según la defensa.
- Demoras y medidas cautelares: Señalan la reapertura de una fase probatoria y la suspensión indefinida del plazo legal de dos meses para la aplicación de la amnistía, dejando vigentes medidas cautelares que afectan a los encausados por más de 9,5 millones de euros.
Escritos adicionales dirigidos al TJUE y al Tribunal de Cuentas
Simultáneamente, la representación legal de Puigdemont, Comín y Puig ha acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para informar sobre el supuesto incumplimiento de su fallo por parte del órgano español. Además, han presentado alegaciones ante el Tribunal de Cuentas rechazando categóricamente el uso de fondos comunitarios para los actos del procés y solicitando que se resuelva la amnistía dentro del plazo legal establecido.
Esta estrategia legal coincide con la posición de la Fiscalía, que, este martes, instó al Tribunal de Cuentas a aplicar de forma inmediata la ley de amnistía a todos los implicados, calificando como «innecesario e improcedente» cualquier cuestionamiento adicional tras la sentencia europea.
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Esta acción responde a la providencia emitida por el órgano contable, que consulta a las partes si es posible excluir de la amnistía a cerca de treinta ex altos cargos del Govern —entre ellos Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig— en caso de que los gastos del proceso independentista se hayan financiado con fondos de la Unión Europea.
Solicitud de un procedimiento de infracción urgente
En el escrito dirigido a Bruselas, la defensa demanda la apertura de un procedimiento de infracción (según el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE) y solicita que se remita con carácter «urgente» una carta de emplazamiento al Estado español. Boye sostiene que las acciones del Tribunal de Cuentas incumplen los principios de cooperación leal y tutela judicial efectiva contemplados en los tratados europeos.
Las principales críticas planteadas por la defensa incluyen:
- Distorsión de la sentencia del TJUE: Acusan al tribunal de publicar una nota de prensa oficial que «falsifica» la reciente resolución europea, atribuyéndose aprobaciones sobre aspectos que habrían sido declarados inadmisibles según la defensa.
- Demoras y medidas cautelares: Señalan la reapertura de una fase probatoria y la suspensión indefinida del plazo legal de dos meses para la aplicación de la amnistía, dejando vigentes medidas cautelares que afectan a los encausados por más de 9,5 millones de euros.
Escritos adicionales dirigidos al TJUE y al Tribunal de Cuentas
Simultáneamente, la representación legal de Puigdemont, Comín y Puig ha acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para informar sobre el supuesto incumplimiento de su fallo por parte del órgano español. Además, han presentado alegaciones ante el Tribunal de Cuentas rechazando categóricamente el uso de fondos comunitarios para los actos del procés y solicitando que se resuelva la amnistía dentro del plazo legal establecido.
Esta estrategia legal coincide con la posición de la Fiscalía, que, este martes, instó al Tribunal de Cuentas a aplicar de forma inmediata la ley de amnistía a todos los implicados, calificando como «innecesario e improcedente» cualquier cuestionamiento adicional tras la sentencia europea.
