En un nuevo informe revelador, la Comisión Europea ha colocado a España en una posición desfavorable dentro de la Unión Europea en su evaluación de políticas sociales. Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Pedro Sánchez no logra superar este examen, que fue impulsado en gran medida por la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz. Según los datos presentados, España se sitúa a la cola del ranking europeo, con resultados negativos en 10 de los 17 indicadores evaluados, destacando cifras alarmantes en áreas como el abandono escolar, la pobreza general y la pobreza infantil.
El informe señala que nuestro país es uno de los diez estados miembros identificados por Bruselas como poseedores de «riesgos potenciales para la convergencia social ascendente», junto a Bulgaria, Estonia, Italia, Lituania, Hungría, Rumanía, Grecia, Croacia y Luxemburgo. Solo Rumanía, Grecia e Italia presentan resultados peores que los de España. Ante esta situación, la Comisión ha anunciado un segundo examen más profundo sobre los riesgos sociales, cuyos resultados se esperan para la primavera de 2025.
Las cifras son preocupantes: en 2023, las tasas de población en riesgo de pobreza o exclusión social alcanzaron el 26,5%, mientras que la pobreza infantil se elevó al 34,5%. Estas cifras están «significativamente por encima» de las medias de la UE, que se sitúan en el 21,3% y el 24,8%, respectivamente. La Comisión califica esta situación como «crítica» y atribuye los problemas a fallos en el sistema de protección social, disparidades regionales en el acceso a servicios públicos y una alta tasa de trabajadores pobres.
La desigualdad de ingresos también se mantiene elevada en España, con una ratio que compara los ingresos del 20% más rico con el 20% más pobre en 5,5, frente al 4,7 en la media de la UE. A pesar de algunos avances, el impacto de las ayudas sociales (excluyendo pensiones) para reducir la pobreza es escaso. Este indicador ha empeorado durante dos años consecutivos, con un riesgo de pobreza infantil que alcanza el 17% en comparación con el 41,4% en la UE.
En cuanto al mercado laboral, aunque se ha registrado una mejora significativa con una tasa de empleo del 70,5% en 2023 (frente al 75,3% en la UE), persisten problemas estructurales. La tasa de paro se sitúa en el 12,2%, y la tasa de desempleo de larga duración alcanza el 4,3%. A pesar de una notable disminución reciente, estos niveles siguen siendo «muy altos», especialmente entre los trabajadores mayores y en las Islas Canarias.
El porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINIS) ha disminuido al 12,3%, pero sigue siendo elevado y supera la media comunitaria. Asimismo, aunque la tasa de abandono escolar ha bajado ligeramente al 13,7% (frente al 9,5% de media en la UE), continúa siendo alta y crítica, con disparidades regionales significativas.
Finalmente, aunque la renta disponible bruta de los hogares por habitante ha mostrado un fuerte incremento en el último año, aún se encuentra en una situación insatisfactoria.
Este informe pone de manifiesto los desafíos persistentes que enfrenta España en términos de cohesión social y económica. Con un segundo examen a la vista en 2025, queda claro que es necesario un enfoque renovado y efectivo para abordar estas cuestiones críticas y asegurar un futuro más equitativo para todos los ciudadanos.
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