La Fiscalía Anticorrupción y el empresario Víctor de Aldama han desmentido este jueves la existencia de un acuerdo de conformidad vinculado al juicio por la presunta corrupción en contratos de mascarillas, y han aclarado que su colaboración se limita a lo que establece la ley, que contempla beneficios legales en caso de condena.
Durante la vista preliminar en el Tribunal Supremo relativa al primer juicio del caso conocido como Koldo, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y la defensa de Aldama respondieron a las preguntas del abogado del exministro José Luis Ábalos. Este último había cuestionado que la acusación contra su cliente se fundamentara «únicamente» en la declaración del comisionista y solicitó detalles sobre un presunto acuerdo con la Fiscalía.
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Luzón afirmó que «no existe ningún tipo de acuerdo con el acusado Víctor de Aldama», señalando que la declaración del empresario, quien en 2024 colaboró para salir de prisión preventiva en otro proceso por posible fraude en hidrocarburos, no fue «sugerida» por la Fiscalía sino que fue solicitada por la propia defensa del investigado.
El fiscal reiteró que no se trata de una declaración con beneficios judiciales y explicó que la petición de siete años de prisión para Aldama se basa en la aplicación de atenuantes contempladas en el Código Penal por su colaboración en la investigación, así como en que se le imputan menos delitos en comparación con Ábalos y su exasesor Koldo García, para quienes la Fiscalía reclama penas de 24 y 19 años y medio, respectivamente.
Por su parte, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, también descartó la existencia de un acuerdo con la Fiscalía. Aclaró que su cliente admite los hechos imputados, pero no está de acuerdo con la calificación jurídica que se les asigna.
Choclán defendió que Aldama se ha acogido a una disposición legal que permite reducir penas a quienes pertenecen a una organización criminal y colaboran con las autoridades para desmantelarla, identificar a sus miembros y esclarecer los hechos investigados.
El letrado subrayó que «lo que hizo el señor Aldama fue acogerse a un beneficio legal, no firmar ningún acuerdo ambiguo con la Fiscalía» y reiteró que la colaboración que presta se basa en mecanismos legales, no en una negociación oculta con el Ministerio Público.
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