Más de 150 juristas han firmado un manifiesto en el que critican la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, argumentando que se vulnera la presunción de inocencia y que se fundamenta en indicios insuficientes para cumplir con el nivel probatorio exigido en un proceso penal.
Entre los firmantes se encuentran exmagistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés y Joaquín Giménez, junto al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, así como fiscales, abogados y catedráticos de Derecho. El documento, titulado «Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia», será presentado en un acto público este viernes en el Ateneo de Madrid.
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El manifiesto cuestiona la resolución del alto tribunal que condenó a García Ortiz por presuntamente filtrar un correo electrónico vinculado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los juristas señalan que la sentencia se basa exclusivamente en indicios, sin pruebas directas, lo cual es insuficiente para romper con la presunción de inocencia.
El texto destaca que en materia penal no son suficientes «las sospechas ni las conjeturas», sino que es esencial demostrar la culpabilidad «más allá de toda duda razonable», algo que, según los firmantes, no ocurrió en este caso.
También figuran como apoyos del manifiesto el exvocal del Consejo General del Poder Judicial Álvaro Cuesta, la jueza emérita y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, así como antiguos miembros del Supremo como Alberto Jorge.
Los juristas resaltan la importancia de que la sentencia desestimara el testimonio de los periodistas que afirmaron categóricamente que el exfiscal general no fue su fuente. Consideran que los demás indicios presentados «no superan el umbral de la mera sospecha» y admiten explicaciones legales y razonables.
A su juicio, transformar esos indicios en prueba de culpabilidad invierte la carga de la prueba y obliga al acusado a demostrar su inocencia, lo que resulta incompatible con los principios fundamentales del Estado de derecho.
El manifiesto defiende que la nota de prensa emitida por la Fiscalía buscaba desmentir una acusación falsa, incluso potencialmente delictiva, sobre su funcionamiento, por lo que existía un interés público claro en informar. Penalizar esta acción, advierten, podría dejar a la Fiscalía General del Estado sin mecanismos para responder a rumores y acusaciones infundadas.
Por estos motivos, los firmantes consideran que la condena no debería haberse impuesto, ya que no se probó la filtración del correo ni la nota de prensa constituye un delito de revelación de secretos. El manifiesto termina reclamando la anulación de la sentencia en las instancias superiores correspondientes y destacando que «nadie puede ser condenado penalmente sin pruebas claras y concluyentes».
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