La organización insta al Gobierno español a garantizar condiciones dignas de vida y traslados rápidos a la península cuando no puedan ofrecerse los cuidados necesarios
Amnistía Internacional (AI) ha reclamado al Gobierno de España que implemente medidas inmediatas para asegurar condiciones adecuadas en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, además de promover el traslado ágil a la península de personas en situaciones de vulnerabilidad especial. La organización señala como esencial intervenir en los casos en que estos centros no dispongan de los recursos necesarios para atender ciertos colectivos, según ha dado a conocer Europa Press.
Mediante su Equipo de Migración y Refugio, AI ha indicado que requieren atención prioritaria personas con discapacidad, familias con niños en edad escolar, mujeres embarazadas, individuos con trastornos de salud mental, víctimas de trata, de violencia de género o sexual y de tortura, así como personas pertenecientes al colectivo Lgbtiq+.
La organización recuerda que los CETI de Ceuta y Melilla alojan a inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur española. A pesar de ser centros de naturaleza asistencial donde los residentes no están privados de libertad, AI advierte que su gestión presenta problemas significativos en materia de derechos humanos, agravados por la falta de transparencia y la aplicación de criterios administrativos inconsistentes.
Personas en situación de extrema vulnerabilidad
Según la ONG, en el CETI de Ceuta la mayoría de las personas atendidas proceden del continente africano y muchas han llegado nadando a la ciudad, encontrándose en situaciones de gran vulnerabilidad y sin recursos económicos, lo que en algunos casos las lleva a residir en la calle antes de poder ingresar al centro. En Melilla, en cambio, el perfil ha variado recientemente, ya que un porcentaje considerable de las personas acogidas es de origen latinoamericano. Muchas llegan desde la península por vía aérea para iniciar su solicitud de asilo debido a las dificultades para obtener cita en otras ciudades españolas.
Amnistía Internacional ha recogido también declaraciones de personas que aseguran haber sufrido devoluciones en caliente en el mar por parte de autoridades españolas en más de una ocasión, práctica que la organización considera contraria a los derechos humanos.
Sobre la duración de la estancia en los CETI, AI explica que esta varía según cada situación y depende en gran medida de decisiones administrativas. Habitualmente, las personas permanecen en los centros hasta ser trasladadas a la península por el Ministerio del Interior o hasta que se lleve a cabo una orden de devolución o expulsión.
La ONG denuncia la falta de una normativa clara y pública que regule los traslados a la península, lo que genera incertidumbre y desigualdad. Afirma que en la práctica se aplican criterios diferenciados que favorecen traslados más rápidos para ciertas nacionalidades o perfiles, mientras otros deben permanecer por períodos más extensos en los centros.
Centros con capacidad superada
De acuerdo con los datos técnicos más actuales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la capacidad oficial de los CETI es de 686 plazas en Melilla y 512 en Ceuta. Sin embargo, Amnistía Internacional señala que con frecuencia estos centros se encuentran por encima de su capacidad, especialmente en los meses con mayor presión migratoria, como durante el verano.
La organización también advierte sobre las dificultades adicionales que enfrentan personas de nacionalidad marroquí o argelina para solicitar asilo. Según testimonios recogidos en abril de 2025, estas personas no pueden realizar su solicitud desde el CETI de Ceuta y deben hacerlo mediante una aplicación móvil, lo que requiere disponer de un teléfono español, conocer el idioma y el procedimiento, además de competir por citas que se agotan con rapidez.
Amnistía Internacional concluye que la vulneración de derechos humanos en las fronteras españolas ocurre de manera sistemática, en un contexto marcado por el racismo estructural y la falta de transparencia en los protocolos que regulan los procedimientos y la gestión de los centros. Por ello, alerta que la administración de los CETI en la frontera sur se caracteriza por la arbitrariedad y continuas violaciones de derechos humanos.
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