El empresario asegura poseer mensajes y grabaciones que demostrarían reuniones planificadas y pagos irregulares a miembros del Gobierno y del PSOE.
Víctor de Aldama, empresario implicado en el conocido como «caso Koldo», afirma tener en su poder pruebas documentales que involucrarían a destacados miembros del Gobierno y del PSOE en presuntas irregularidades. Tras salir de la prisión de Soto del Real, Aldama aseguró que cuenta con mensajes de WhatsApp, grabaciones y fotografías que respaldarían sus declaraciones ante el juez, comprometiendo a figuras como Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Ángel Víctor Torres.
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Fuentes cercanas al caso señalan que este material probaría que las reuniones entre Aldama y los políticos no fueron «casuales ni fortuitas», como se ha intentado presentar desde el Gobierno. Entre las evidencias habría registros de conversaciones con el presidente Pedro Sánchez y otros altos cargos, además de material inédito adicional a las imágenes ya conocidas.
El empresario habría recopilado estas pruebas durante años como una especie de «seguro de vida», según fuentes de su entorno. Su equipo legal evalúa cuidadosamente el momento adecuado para presentar estas evidencias en los tribunales. «No es una amenaza vacía, es material sólido y contrastable», aseguran las fuentes.
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ordenó este jueves la libertad provisional de Aldama, aunque con medidas cautelares, como la prohibición de salir del país y la obligación de fijar domicilio. La Fiscalía Anticorrupción respaldó esta decisión tras las declaraciones voluntarias del empresario, quien detalló presuntos pagos realizados a varios políticos durante su gestión como intermediario en contratos públicos.
Entre sus confesiones, Aldama declaró haber entregado 15.000 euros en un sobre al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; 250.000 euros al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos; y 100.000 euros a su asesor, Koldo García. También relató que Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y ex presidente canario, solicitó 50.000 euros en el contexto de las adquisiciones de material sanitario durante la pandemia, solicitud que Aldama rechazó argumentando: «No soy el Banco de España».
Las empresas vinculadas al empresario habrían recibido adjudicaciones del Gobierno canario para la compra de mascarillas, lo que sitúa estas transacciones bajo un escrutinio judicial cada vez más intenso. Mientras tanto, las pruebas que Aldama dice poseer podrían abrir nuevas líneas de investigación en uno de los casos de corrupción más polémicos de los últimos años.
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