MADRID — Un juzgado ordinario ha autorizado el inicio del proceso civil presentado por el cantante Julio Iglesias contra la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, a quien atribuye una posible vulneración de su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
En Madrid, un juzgado de primera instancia ha aceptado la demanda, concediendo a la política un plazo de veinte días hábiles para responder a la reclamación. El Ministerio Fiscal participará obligatoriamente en el proceso debido a la protección de derechos fundamentales involucrados, y el caso se tramitará con prioridad.
El conflicto surge a partir de declaraciones públicas emitidas por la vicepresidenta el pasado enero, en las que recogió denuncias de exempleadas del cantante. La defensa de Julio Iglesias argumenta que esas manifestaciones le imputaron hechos graves vinculados a abusos y violaciones de derechos laborales, por lo que solicita una compensación económica de 50.000 euros y una rectificación pública. Tras el rechazo inicial en el Tribunal Supremo —que se declaró incompetente por tratarse de juzgados ordinarios y no de aforados—, el procedimiento proseguirá formalmente en los tribunales madrileños.
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En Madrid, un juzgado de primera instancia ha aceptado la demanda, concediendo a la política un plazo de veinte días hábiles para responder a la reclamación. El Ministerio Fiscal participará obligatoriamente en el proceso debido a la protección de derechos fundamentales involucrados, y el caso se tramitará con prioridad.
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El conflicto surge a partir de declaraciones públicas emitidas por la vicepresidenta el pasado enero, en las que recogió denuncias de exempleadas del cantante. La defensa de Julio Iglesias argumenta que esas manifestaciones le imputaron hechos graves vinculados a abusos y violaciones de derechos laborales, por lo que solicita una compensación económica de 50.000 euros y una rectificación pública. Tras el rechazo inicial en el Tribunal Supremo —que se declaró incompetente por tratarse de juzgados ordinarios y no de aforados—, el procedimiento proseguirá formalmente en los tribunales madrileños.
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El conflicto surge a partir de declaraciones públicas emitidas por la vicepresidenta el pasado enero, en las que recogió denuncias de exempleadas del cantante. La defensa de Julio Iglesias argumenta que esas manifestaciones le imputaron hechos graves vinculados a abusos y violaciones de derechos laborales, por lo que solicita una compensación económica de 50.000 euros y una rectificación pública. Tras el rechazo inicial en el Tribunal Supremo —que se declaró incompetente por tratarse de juzgados ordinarios y no de aforados—, el procedimiento proseguirá formalmente en los tribunales madrileños.
