Las imágenes de autobuses trasladando a jóvenes hasta la frontera del Tarajal no indican el comienzo de la repatriación de los miles de menores que han llegado a Ceuta tras las recientes entradas masivas. Fuentes oficiales niegan rotundamente que Marruecos esté aceptando a sus ciudadanos menores de edad o que España haya iniciado estas devoluciones, aclarando que la actividad en la frontera responde exclusivamente a las tareas obligatorias de filiación e identificación que realiza la Policía Científica.
Actualmente, las autoridades han registrado cerca de 3.000 menores en la Ciudad Autónoma, aunque las estimaciones oficiales apuntan a que la cifra total llegará a los 4.000 a medida que se detecte quiénes permanecen resguardados. Muchos permanecen ocultos en viviendas privadas o en asentamientos informales, y acuden progresivamente a las naves del Tarajal cuando se agotan sus recursos para mantener estancias clandestinas.
El censo de la avalancha y el procedimiento policial
Un mes tras las entradas masivas ocurridas a finales de julio, la prioridad de los cuerpos policiales es determinar el censo real de personas y su ubicación en el territorio ceutí. La recopilación de datos e identificación por parte de la Policía Científica en el punto fronterizo del Tarajal es un procedimiento obligatorio aplicado tanto a adultos como a menores.
Aunque desde el Gobierno central se reitera que todos los adultos que accedieron ilegalmente serán devueltos, la protección de la infancia impide trasladar a los menores de manera directa o colectiva sin garantías legales previas.
Reorganización de recursos y liberación de colegios
Ante el alto número de acogidos, el área de Menores de la Ciudad está adaptando 7 naves industriales en el Tarajal para aumentar la capacidad asistencial. Esto facilitará completar el desalojo de centros escolares como el colegio Reina Sofía y el Príncipe Felipe, cuyos ocupantes se están reubicando en la nave de Loma Margarita para asegurar la reapertura de las clases antes del 27 de agosto.
Tensión en las barriadas y postura de la Fiscalía
Paralelamente, la Policía Nacional sigue desplegando controles para desmantelar asentamientos improvisados, destacando el de la barriada del Príncipe, donde viven alrededor de 400 personas. El presidente vecinal, Ahmed Enfedal, ha solicitado apoyo institucional para aumentar la vigilancia en la zona y proteger a las jóvenes acogidas de posibles intrusiones.
En el ámbito legal, pese a que Marruecos expresó su intención de recibir a menores y desplazó autobuses al paso fronterizo, la Fiscal de Sala de Menores de España ha prohibido rotundamente cualquier entrega masiva. La Fiscalía recuerda que se debe abrir expedientes individuales para valorar estrictamente el interés superior de cada niño antes de tomar cualquier decisión de retorno.
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UNIRME GRATIS AL CANALLas imágenes de autobuses trasladando a jóvenes hasta la frontera del Tarajal no indican el comienzo de la repatriación de los miles de menores que han llegado a Ceuta tras las recientes entradas masivas. Fuentes oficiales niegan rotundamente que Marruecos esté aceptando a sus ciudadanos menores de edad o que España haya iniciado estas devoluciones, aclarando que la actividad en la frontera responde exclusivamente a las tareas obligatorias de filiación e identificación que realiza la Policía Científica.
Actualmente, las autoridades han registrado cerca de 3.000 menores en la Ciudad Autónoma, aunque las estimaciones oficiales apuntan a que la cifra total llegará a los 4.000 a medida que se detecte quiénes permanecen resguardados. Muchos permanecen ocultos en viviendas privadas o en asentamientos informales, y acuden progresivamente a las naves del Tarajal cuando se agotan sus recursos para mantener estancias clandestinas.
El censo de la avalancha y el procedimiento policial
Un mes tras las entradas masivas ocurridas a finales de julio, la prioridad de los cuerpos policiales es determinar el censo real de personas y su ubicación en el territorio ceutí. La recopilación de datos e identificación por parte de la Policía Científica en el punto fronterizo del Tarajal es un procedimiento obligatorio aplicado tanto a adultos como a menores.
Aunque desde el Gobierno central se reitera que todos los adultos que accedieron ilegalmente serán devueltos, la protección de la infancia impide trasladar a los menores de manera directa o colectiva sin garantías legales previas.
Reorganización de recursos y liberación de colegios
Ante el alto número de acogidos, el área de Menores de la Ciudad está adaptando 7 naves industriales en el Tarajal para aumentar la capacidad asistencial. Esto facilitará completar el desalojo de centros escolares como el colegio Reina Sofía y el Príncipe Felipe, cuyos ocupantes se están reubicando en la nave de Loma Margarita para asegurar la reapertura de las clases antes del 27 de agosto.
Tensión en las barriadas y postura de la Fiscalía
Paralelamente, la Policía Nacional sigue desplegando controles para desmantelar asentamientos improvisados, destacando el de la barriada del Príncipe, donde viven alrededor de 400 personas. El presidente vecinal, Ahmed Enfedal, ha solicitado apoyo institucional para aumentar la vigilancia en la zona y proteger a las jóvenes acogidas de posibles intrusiones.
En el ámbito legal, pese a que Marruecos expresó su intención de recibir a menores y desplazó autobuses al paso fronterizo, la Fiscal de Sala de Menores de España ha prohibido rotundamente cualquier entrega masiva. La Fiscalía recuerda que se debe abrir expedientes individuales para valorar estrictamente el interés superior de cada niño antes de tomar cualquier decisión de retorno.
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Actualmente, las autoridades han registrado cerca de 3.000 menores en la Ciudad Autónoma, aunque las estimaciones oficiales apuntan a que la cifra total llegará a los 4.000 a medida que se detecte quiénes permanecen resguardados. Muchos permanecen ocultos en viviendas privadas o en asentamientos informales, y acuden progresivamente a las naves del Tarajal cuando se agotan sus recursos para mantener estancias clandestinas.
El censo de la avalancha y el procedimiento policial
Un mes tras las entradas masivas ocurridas a finales de julio, la prioridad de los cuerpos policiales es determinar el censo real de personas y su ubicación en el territorio ceutí. La recopilación de datos e identificación por parte de la Policía Científica en el punto fronterizo del Tarajal es un procedimiento obligatorio aplicado tanto a adultos como a menores.
Aunque desde el Gobierno central se reitera que todos los adultos que accedieron ilegalmente serán devueltos, la protección de la infancia impide trasladar a los menores de manera directa o colectiva sin garantías legales previas.
Reorganización de recursos y liberación de colegios
Ante el alto número de acogidos, el área de Menores de la Ciudad está adaptando 7 naves industriales en el Tarajal para aumentar la capacidad asistencial. Esto facilitará completar el desalojo de centros escolares como el colegio Reina Sofía y el Príncipe Felipe, cuyos ocupantes se están reubicando en la nave de Loma Margarita para asegurar la reapertura de las clases antes del 27 de agosto.
Tensión en las barriadas y postura de la Fiscalía
Paralelamente, la Policía Nacional sigue desplegando controles para desmantelar asentamientos improvisados, destacando el de la barriada del Príncipe, donde viven alrededor de 400 personas. El presidente vecinal, Ahmed Enfedal, ha solicitado apoyo institucional para aumentar la vigilancia en la zona y proteger a las jóvenes acogidas de posibles intrusiones.
En el ámbito legal, pese a que Marruecos expresó su intención de recibir a menores y desplazó autobuses al paso fronterizo, la Fiscal de Sala de Menores de España ha prohibido rotundamente cualquier entrega masiva. La Fiscalía recuerda que se debe abrir expedientes individuales para valorar estrictamente el interés superior de cada niño antes de tomar cualquier decisión de retorno.
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Actualmente, las autoridades han registrado cerca de 3.000 menores en la Ciudad Autónoma, aunque las estimaciones oficiales apuntan a que la cifra total llegará a los 4.000 a medida que se detecte quiénes permanecen resguardados. Muchos permanecen ocultos en viviendas privadas o en asentamientos informales, y acuden progresivamente a las naves del Tarajal cuando se agotan sus recursos para mantener estancias clandestinas.
El censo de la avalancha y el procedimiento policial
Un mes tras las entradas masivas ocurridas a finales de julio, la prioridad de los cuerpos policiales es determinar el censo real de personas y su ubicación en el territorio ceutí. La recopilación de datos e identificación por parte de la Policía Científica en el punto fronterizo del Tarajal es un procedimiento obligatorio aplicado tanto a adultos como a menores.
Aunque desde el Gobierno central se reitera que todos los adultos que accedieron ilegalmente serán devueltos, la protección de la infancia impide trasladar a los menores de manera directa o colectiva sin garantías legales previas.
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Paralelamente, la Policía Nacional sigue desplegando controles para desmantelar asentamientos improvisados, destacando el de la barriada del Príncipe, donde viven alrededor de 400 personas. El presidente vecinal, Ahmed Enfedal, ha solicitado apoyo institucional para aumentar la vigilancia en la zona y proteger a las jóvenes acogidas de posibles intrusiones.
En el ámbito legal, pese a que Marruecos expresó su intención de recibir a menores y desplazó autobuses al paso fronterizo, la Fiscal de Sala de Menores de España ha prohibido rotundamente cualquier entrega masiva. La Fiscalía recuerda que se debe abrir expedientes individuales para valorar estrictamente el interés superior de cada niño antes de tomar cualquier decisión de retorno.
