A menos de quince días para el inicio del juicio relacionado con el «caso de las mascarillas», el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, suma otro problema, esta vez de índole económica y profesional. Su procurador ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo solicitando el pago inmediato de 4.350 euros que le adeuda el exdirigente socialista por sus servicios.
El procurador ha iniciado un «procedimiento de cuenta», mecanismo legal empleado para reclamar honorarios pendientes, y ha solicitado que se conceda a Ábalos un plazo máximo de diez días para efectuar el pago, advirtiendo sobre la posibilidad de embargo en caso de incumplimiento.
Detalle de la deuda y actuación del Supremo
La cuantía reclamada ante el máximo tribunal se desglosa en los siguientes conceptos:
- 4.050 euros: Por dos facturas correspondientes a servicios profesionales prestados y aún impagados.
- 300 euros: En concepto de intereses, gastos y costas judiciales.
Ante esta solicitud, el Tribunal Supremo ha procedido con cautela, pidiendo al procurador que aporte «documentación justificativa» para confirmar que estas cantidades fueron reclamadas formalmente con anterioridad y que, efectivamente, no han sido abonadas por Ábalos.
Dificultades en el equipo legal
Este incidente no es aislado en cuanto a inconvenientes económicos en la defensa de Ábalos. Recientemente, su segundo abogado, Carlos Bautista, renunció a su representación alegando «desavenencias económicas». La acumulación de impagos con sus profesionales legales se presenta en un momento crítico, justo antes de una audiencia judicial decisiva.
Perspectiva penal con posibles penas de hasta 24 años
La situación para Ábalos es compleja. En el juicio próximo se enfrenta a solicitudes de penas severas:
- Fiscalía Anticorrupción: Pide 24 años de prisión para el exministro.
- Acusación Popular (PP): Eleva la pena solicitada hasta 30 años.
- Koldo García: Su exasesor enfrenta a su vez una petición fiscal de 19 años y medio, algo menor que la de Ábalos.
Las discrepancias con su equipo jurídico y esta reclamación económica generan incertidumbre sobre cómo abordará Ábalos la vista oral de un proceso que marcó su salida del Gobierno y del PSOE.
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