La Comunidad de Madrid ha comunicado la puesta en marcha de un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamar formalmente a la Delegación del Gobierno la indemnización por los costes económicos derivados de la acampada en la Puerta del Sol. Después de 38 días de protesta en el corazón de la capital, el Ejecutivo regional dirigido por Isabel Díaz Ayuso ha descrito la ocupación del espacio público como un «secuestro» ilegal que se permitió debido a la falta de actuación del anterior delegado, Francisco Martín, responsabilizando a la administración estatal de las pérdidas operativas e infraestructurales sufridas en ese período.
Este anuncio administrativo coincide con la primera reunión institucional celebrada en la Real Casa de Correos entre Díaz Ayuso y la nueva delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Trinidad, quien fue designada tras la renuncia de su predecesor. Aunque el encuentro se desarrolló en un clima de cortesía, marcado por el reciente desalojo nocturno de la plaza sin incidentes de relevancia, el Ejecutivo autonómico mantendrá abiertos los procesos judiciales y administrativos para evaluar completamente los daños causados tanto a las finanzas públicas como al sector comercial madrileño.
Impacto económico en Metro de Madrid y labores de desinfección en los pozos de ventilación
En una primera evaluación de los daños, la Consejería de Transportes ha estimado en más de 750.000 euros el impacto directo sobre la red de Metro de Madrid debido a la ocupación prolongada. Esta cuantía incluye tanto los gastos extraordinarios en seguridad y limpieza profunda como las pérdidas económicas por la caída en la demanda. La entidad calcula que el bloqueo exterior generó una reducción acumulada de 494.000 viajeros durante las cinco semanas de acampada.
Uno de los momentos más delicados del operativo se produjo con el cierre preventivo de la estación de Sol por motivos sanitarios. La acumulación de tiendas y estructuras improvisadas impidió el correcto funcionamiento de los pozos de ventilación del metro, lo que obligó a realizar tareas intensivas de desinfección para asegurar un ambiente seguro para los usuarios antes de permitir la reapertura.
Mejora institucional y demandas del sector comercial
Aunque se ha iniciado el proceso patrimonial, la portavoz del Gobierno regional ha valorado positivamente el desalojo realizado por la Policía Nacional, señalándolo como una muestra de cambio en la gestión de la seguridad ciudadana bajo la nueva delegación estatal. En la reunión entre ambas autoridades se discutió la necesidad de aumentar tanto el personal como los recursos materiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de restablecer la coordinación operativa interrumpida después de meses de tensiones políticas.
Además de las reclamaciones institucionales, las asociaciones de comerciantes del distrito Centro han presentado informes preliminares que calculan en más de 30 millones de euros el impacto negativo en el comercio y la hostelería local. La Comunidad de Madrid continuará exigiendo responsabilidades patrimoniales para mitigar el daño económico causado a las empresas públicas y a los servicios regionales de transporte.
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