El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, remitió una carta al comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, manifestando su inquietud por la posible exclusión de España del grupo de Estados considerados bajo presión migratoria, lo que impactaría su derecho a la solidaridad europea. En la revisión más reciente de noviembre de 2025, España, junto a Italia, Grecia y Chipre, fue catalogada como país bajo elevada presión migratoria, posibilitando la activación de mecanismos de reubicación de migrantes y el acceso a ayudas financieras.
Grande-Marlaska sostiene que la resolución de la Comisión Europea sería incorrecta, al penalizar los esfuerzos de España para frenar la migración irregular y pasar por alto los importantes eventos ocurridos en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando 80,000 personas cruzaron desde Marruecos.
Situación migratoria en Ceuta y Canarias
El ministro resalta que España sería el único país en modificar su categoría, quedando fuera de la solidaridad europea en un año marcado por incidentes migratorios significativos como los de Ceuta. También remite a las 2,500 llegadas irregulares a Canarias en las semanas recientes, lo que representa el 22% de las llegadas a las islas durante 2026.
Grande-Marlaska enfatiza que si el próximo informe no refleja el carácter excepcional de la situación en Ceuta, este dejará de ser una herramienta eficaz para la gestión migratoria en la Unión Europea.
Financiación europea y acciones de España
En marzo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comunicó la aprobación de una quinta modificación presupuestaria para España dentro del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para 2021-2027, con un aumento de 244 millones de euros, sumando un total de 812 millones desde el inicio del programa. Asimismo, España ha recibido 114,7 millones de euros en ayuda de emergencia para gestionar la situación en Ceuta.
Grande-Marlaska considera que negar la presión migratoria en España equivale a ignorar una realidad, cuestionando las respuestas de la UE y sus Estados miembros. La decisión de la Comisión podría plantear un dilema sobre cómo garantizar el reconocimiento de los avances en la lucha contra la inmigración irregular.
Debate en la UE sobre política migratoria
España, junto a Portugal, Luxemburgo y Francia, ha impedido el intento de Dinamarca, Polonia e Italia de incorporar en la resolución del Consejo Europeo medidas contra la regularización migratoria, en referencia al proceso promovido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Grande-Marlaska insiste en que la credibilidad del Pacto Europeo de Migración y Asilo no debe ponerse en riesgo por una interpretación desconectada de la realidad migratoria.
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