El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha emitido una orden para localizar, detener y presentar al activista y reportero de EDATV, Vito Zoppellari Quiles. La decisión judicial se tomó tras no poder encontrarlo en su residencia habitual y al considerar que el investigado estaría evadiendo la acción judicial. Esta medida busca únicamente entregarle formalmente el auto de apertura de juicio oral y el escrito de acusación de la Fiscalía, tras lo cual será puesto en libertad de manera inmediata. Debido a esta orden, Quiles canceló un evento planeado en Bilbao.
El proceso penal se inició por una denuncia de la organización feminista Libres y Combativas relacionada con hechos ocurridos el 20 de marzo de 2024. En una concentración ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova de Madrid, el reportero se dirigió a Violeta, una manifestante con una discapacidad intelectual reconocida del 75 %. Según el Ministerio Fiscal, el acusado actuó con la intención de denigrar a la mujer, aprovechando sus dificultades para comunicarse, y posteriormente difundió la grabación en redes sociales, donde superó las 3,3 millones de visualizaciones y provocó múltiples comentarios despectivos.
La Fiscalía solicita dos años de prisión y seis años de inhabilitación profesional
Por estos hechos, que serán juzgados en la Audiencia Provincial de Madrid, el Ministerio Público pide para Vito Quiles una condena de dos años de cárcel, una multa de 10.800 euros y seis años de inhabilitación especial para desempeñar profesiones en el ámbito educativo. Se le imputa un delito contra los derechos fundamentales en la modalidad de lesión de la dignidad junto con un delito contra la integridad moral. En este proceso también está acusado el presidente de EDATV, Javier Negre, para quien el fiscal demanda un año y medio de prisión y una multa de 9.000 euros, y ambos deben hacerse cargo de una indemnización solidaria de 8.000 euros a favor de la víctima.
Un extenso historial de causas judiciales y casos pendientes
Esta orden judicial se añade a un amplio historial de procesos penales y sanciones que involucran al investigado. En julio de 2026, un juzgado madrileño ya emitió una orden de busca y captura por no presentarse a dos citaciones relacionadas con injurias a un funcionario público, junto a su detención por la Policía Nacional en 2023 durante manifestaciones en la calle Ferraz. Además, Quiles enfrenta procedimientos por injurias a Rubén Sánchez (FACUA), investigaciones por posibles coacciones a Begoña Gómez, una orden de alejamiento contra la comunicadora Sarah Santaolalla por acoso y una pesquisa por presunta revelación de secretos contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
A estos cargos se suman investigaciones por presunta estafa en la compra irregular de billetes de Renfe y diligencias sobre irregularidades en la recaudación de donativos para los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. Asimismo, en septiembre de 2026, la Mesa del Congreso de los Diputados le retiró definitivamente la acreditación de prensa por reiteradas faltas disciplinarias, y en octubre del mismo año fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por presunta incitación al odio contra seguidores de la izquierda.
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UNIRME GRATIS AL CANALEl Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha emitido una orden para localizar, detener y presentar al activista y reportero de EDATV, Vito Zoppellari Quiles. La decisión judicial se tomó tras no poder encontrarlo en su residencia habitual y al considerar que el investigado estaría evadiendo la acción judicial. Esta medida busca únicamente entregarle formalmente el auto de apertura de juicio oral y el escrito de acusación de la Fiscalía, tras lo cual será puesto en libertad de manera inmediata. Debido a esta orden, Quiles canceló un evento planeado en Bilbao.
El proceso penal se inició por una denuncia de la organización feminista Libres y Combativas relacionada con hechos ocurridos el 20 de marzo de 2024. En una concentración ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova de Madrid, el reportero se dirigió a Violeta, una manifestante con una discapacidad intelectual reconocida del 75 %. Según el Ministerio Fiscal, el acusado actuó con la intención de denigrar a la mujer, aprovechando sus dificultades para comunicarse, y posteriormente difundió la grabación en redes sociales, donde superó las 3,3 millones de visualizaciones y provocó múltiples comentarios despectivos.
La Fiscalía solicita dos años de prisión y seis años de inhabilitación profesional
Por estos hechos, que serán juzgados en la Audiencia Provincial de Madrid, el Ministerio Público pide para Vito Quiles una condena de dos años de cárcel, una multa de 10.800 euros y seis años de inhabilitación especial para desempeñar profesiones en el ámbito educativo. Se le imputa un delito contra los derechos fundamentales en la modalidad de lesión de la dignidad junto con un delito contra la integridad moral. En este proceso también está acusado el presidente de EDATV, Javier Negre, para quien el fiscal demanda un año y medio de prisión y una multa de 9.000 euros, y ambos deben hacerse cargo de una indemnización solidaria de 8.000 euros a favor de la víctima.
Un extenso historial de causas judiciales y casos pendientes
Esta orden judicial se añade a un amplio historial de procesos penales y sanciones que involucran al investigado. En julio de 2026, un juzgado madrileño ya emitió una orden de busca y captura por no presentarse a dos citaciones relacionadas con injurias a un funcionario público, junto a su detención por la Policía Nacional en 2023 durante manifestaciones en la calle Ferraz. Además, Quiles enfrenta procedimientos por injurias a Rubén Sánchez (FACUA), investigaciones por posibles coacciones a Begoña Gómez, una orden de alejamiento contra la comunicadora Sarah Santaolalla por acoso y una pesquisa por presunta revelación de secretos contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
A estos cargos se suman investigaciones por presunta estafa en la compra irregular de billetes de Renfe y diligencias sobre irregularidades en la recaudación de donativos para los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. Asimismo, en septiembre de 2026, la Mesa del Congreso de los Diputados le retiró definitivamente la acreditación de prensa por reiteradas faltas disciplinarias, y en octubre del mismo año fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por presunta incitación al odio contra seguidores de la izquierda.
El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha emitido una orden para localizar, detener y presentar al activista y reportero de EDATV, Vito Zoppellari Quiles. La decisión judicial se tomó tras no poder encontrarlo en su residencia habitual y al considerar que el investigado estaría evadiendo la acción judicial. Esta medida busca únicamente entregarle formalmente el auto de apertura de juicio oral y el escrito de acusación de la Fiscalía, tras lo cual será puesto en libertad de manera inmediata. Debido a esta orden, Quiles canceló un evento planeado en Bilbao.
El proceso penal se inició por una denuncia de la organización feminista Libres y Combativas relacionada con hechos ocurridos el 20 de marzo de 2024. En una concentración ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova de Madrid, el reportero se dirigió a Violeta, una manifestante con una discapacidad intelectual reconocida del 75 %. Según el Ministerio Fiscal, el acusado actuó con la intención de denigrar a la mujer, aprovechando sus dificultades para comunicarse, y posteriormente difundió la grabación en redes sociales, donde superó las 3,3 millones de visualizaciones y provocó múltiples comentarios despectivos.
La Fiscalía solicita dos años de prisión y seis años de inhabilitación profesional
Por estos hechos, que serán juzgados en la Audiencia Provincial de Madrid, el Ministerio Público pide para Vito Quiles una condena de dos años de cárcel, una multa de 10.800 euros y seis años de inhabilitación especial para desempeñar profesiones en el ámbito educativo. Se le imputa un delito contra los derechos fundamentales en la modalidad de lesión de la dignidad junto con un delito contra la integridad moral. En este proceso también está acusado el presidente de EDATV, Javier Negre, para quien el fiscal demanda un año y medio de prisión y una multa de 9.000 euros, y ambos deben hacerse cargo de una indemnización solidaria de 8.000 euros a favor de la víctima.
Un extenso historial de causas judiciales y casos pendientes
Esta orden judicial se añade a un amplio historial de procesos penales y sanciones que involucran al investigado. En julio de 2026, un juzgado madrileño ya emitió una orden de busca y captura por no presentarse a dos citaciones relacionadas con injurias a un funcionario público, junto a su detención por la Policía Nacional en 2023 durante manifestaciones en la calle Ferraz. Además, Quiles enfrenta procedimientos por injurias a Rubén Sánchez (FACUA), investigaciones por posibles coacciones a Begoña Gómez, una orden de alejamiento contra la comunicadora Sarah Santaolalla por acoso y una pesquisa por presunta revelación de secretos contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
A estos cargos se suman investigaciones por presunta estafa en la compra irregular de billetes de Renfe y diligencias sobre irregularidades en la recaudación de donativos para los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. Asimismo, en septiembre de 2026, la Mesa del Congreso de los Diputados le retiró definitivamente la acreditación de prensa por reiteradas faltas disciplinarias, y en octubre del mismo año fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por presunta incitación al odio contra seguidores de la izquierda.
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El proceso penal se inició por una denuncia de la organización feminista Libres y Combativas relacionada con hechos ocurridos el 20 de marzo de 2024. En una concentración ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova de Madrid, el reportero se dirigió a Violeta, una manifestante con una discapacidad intelectual reconocida del 75 %. Según el Ministerio Fiscal, el acusado actuó con la intención de denigrar a la mujer, aprovechando sus dificultades para comunicarse, y posteriormente difundió la grabación en redes sociales, donde superó las 3,3 millones de visualizaciones y provocó múltiples comentarios despectivos.
La Fiscalía solicita dos años de prisión y seis años de inhabilitación profesional
Por estos hechos, que serán juzgados en la Audiencia Provincial de Madrid, el Ministerio Público pide para Vito Quiles una condena de dos años de cárcel, una multa de 10.800 euros y seis años de inhabilitación especial para desempeñar profesiones en el ámbito educativo. Se le imputa un delito contra los derechos fundamentales en la modalidad de lesión de la dignidad junto con un delito contra la integridad moral. En este proceso también está acusado el presidente de EDATV, Javier Negre, para quien el fiscal demanda un año y medio de prisión y una multa de 9.000 euros, y ambos deben hacerse cargo de una indemnización solidaria de 8.000 euros a favor de la víctima.
Un extenso historial de causas judiciales y casos pendientes
Esta orden judicial se añade a un amplio historial de procesos penales y sanciones que involucran al investigado. En julio de 2026, un juzgado madrileño ya emitió una orden de busca y captura por no presentarse a dos citaciones relacionadas con injurias a un funcionario público, junto a su detención por la Policía Nacional en 2023 durante manifestaciones en la calle Ferraz. Además, Quiles enfrenta procedimientos por injurias a Rubén Sánchez (FACUA), investigaciones por posibles coacciones a Begoña Gómez, una orden de alejamiento contra la comunicadora Sarah Santaolalla por acoso y una pesquisa por presunta revelación de secretos contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
A estos cargos se suman investigaciones por presunta estafa en la compra irregular de billetes de Renfe y diligencias sobre irregularidades en la recaudación de donativos para los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. Asimismo, en septiembre de 2026, la Mesa del Congreso de los Diputados le retiró definitivamente la acreditación de prensa por reiteradas faltas disciplinarias, y en octubre del mismo año fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por presunta incitación al odio contra seguidores de la izquierda.
