MADRID — La investigación judicial sobre los sucesos ocurridos en Ceuta a finales de julio avanza con una decisión relevante. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado formalmente al Consejo de Ministros que desclasifique todos los informes y notas elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma y el rol que jugaron las autoridades de Marruecos.
En un auto fechado este martes, la magistrada fija un plazo máximo de 15 días naturales para que el Ejecutivo envíe la documentación requerida. Esta solicitud incluye tanto los documentos emitidos desde el 30 de julio como cualquier alerta o aviso previo enviado durante el mes anterior, así como un listado detallado de los cargos públicos que recibieron dichas comunicaciones.
Esclarecer la cadena de decisiones y el papel de Marruecos
Según la jueza, la información solicitada es «esencial para aclarar los hechos», ya que permitirá precisar qué autoridades tenían conocimiento de la convocatoria para la entrada irregular, el momento exacto en que se enteraron y qué decisiones operativas se tomaron o no desde los órganos gubernamentales. Asimismo, la instrucción persigue esclarecer el grado de participación y la actuación concreta de las autoridades marroquíes.
El auto señala que el Consejo de Ministros ya hizo una desclasificación parcial de ciertos datos en septiembre pasado, por lo que esta nueva demanda judicial respeta las condiciones de seguridad del Estado. En este sentido, Tardón sostiene que la seguridad nacional «ya se vio comprometida en el contexto de los hechos que son objeto del proceso», y cuya autoría e implicaciones se buscan aclarar judicialmente.
Además, la magistrada ha pedido que se autorice con carácter urgente la declaración como testigos de los funcionarios del CNI involucrados en la investigación, con la intención de reconstruir de forma cronológica las alertas y los canales de información que operaba el Ejecutivo central durante la crisis.
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En un auto fechado este martes, la magistrada fija un plazo máximo de 15 días naturales para que el Ejecutivo envíe la documentación requerida. Esta solicitud incluye tanto los documentos emitidos desde el 30 de julio como cualquier alerta o aviso previo enviado durante el mes anterior, así como un listado detallado de los cargos públicos que recibieron dichas comunicaciones.
Esclarecer la cadena de decisiones y el papel de Marruecos
Según la jueza, la información solicitada es «esencial para aclarar los hechos», ya que permitirá precisar qué autoridades tenían conocimiento de la convocatoria para la entrada irregular, el momento exacto en que se enteraron y qué decisiones operativas se tomaron o no desde los órganos gubernamentales. Asimismo, la instrucción persigue esclarecer el grado de participación y la actuación concreta de las autoridades marroquíes.
El auto señala que el Consejo de Ministros ya hizo una desclasificación parcial de ciertos datos en septiembre pasado, por lo que esta nueva demanda judicial respeta las condiciones de seguridad del Estado. En este sentido, Tardón sostiene que la seguridad nacional «ya se vio comprometida en el contexto de los hechos que son objeto del proceso», y cuya autoría e implicaciones se buscan aclarar judicialmente.
Además, la magistrada ha pedido que se autorice con carácter urgente la declaración como testigos de los funcionarios del CNI involucrados en la investigación, con la intención de reconstruir de forma cronológica las alertas y los canales de información que operaba el Ejecutivo central durante la crisis.
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MADRID — La investigación judicial sobre los sucesos ocurridos en Ceuta a finales de julio avanza con una decisión relevante. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado formalmente al Consejo de Ministros que desclasifique todos los informes y notas elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma y el rol que jugaron las autoridades de Marruecos.
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Además, la magistrada ha pedido que se autorice con carácter urgente la declaración como testigos de los funcionarios del CNI involucrados en la investigación, con la intención de reconstruir de forma cronológica las alertas y los canales de información que operaba el Ejecutivo central durante la crisis.
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Según la jueza, la información solicitada es «esencial para aclarar los hechos», ya que permitirá precisar qué autoridades tenían conocimiento de la convocatoria para la entrada irregular, el momento exacto en que se enteraron y qué decisiones operativas se tomaron o no desde los órganos gubernamentales. Asimismo, la instrucción persigue esclarecer el grado de participación y la actuación concreta de las autoridades marroquíes.
El auto señala que el Consejo de Ministros ya hizo una desclasificación parcial de ciertos datos en septiembre pasado, por lo que esta nueva demanda judicial respeta las condiciones de seguridad del Estado. En este sentido, Tardón sostiene que la seguridad nacional «ya se vio comprometida en el contexto de los hechos que son objeto del proceso», y cuya autoría e implicaciones se buscan aclarar judicialmente.
Además, la magistrada ha pedido que se autorice con carácter urgente la declaración como testigos de los funcionarios del CNI involucrados en la investigación, con la intención de reconstruir de forma cronológica las alertas y los canales de información que operaba el Ejecutivo central durante la crisis.
