Michaux Miranda declara ante el Tribunal Supremo que la expresidenta de Adif tomó la decisión definitiva para adjudicar un contrato de 12,5 millones de euros a la empresa vinculada a Víctor de Aldama.
El caso Koldo incorpora un nuevo testimonio relevante en la investigación judicial. El exdirector general de gestión de personas de Adif, Michaux Miranda, ha apuntado directamente a Isabel Pardo de Vera, quien presidía la entidad en aquel momento, como la máxima responsable en la adquisición de cinco millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. En su declaración ante el Tribunal Supremo, Miranda indicó que, aunque él sugirió a la empresa relacionada con la trama, la decisión final sobre la adjudicación recayó en Pardo de Vera, en su rol de «órgano de contratación».
El contrato, valorado en 12,5 millones de euros, fue firmado el 27 de marzo de 2020, aproximadamente una semana después de que Puertos del Estado adjudicara otro contrato por 24,2 millones a la misma compañía. Ambas contrataciones se enmarcaron en dos órdenes emitidas por el Ministerio de Transportes, firmadas por el entonces ministro José Luis Ábalos.
El informe financiero señalaba un «riesgo alto de impago»
Durante su comparecencia, se detalló el proceso para elegir al proveedor. Miranda explicó que a principios de marzo de 2020, Adif buscaba mascarillas de forma urgente pero con dificultades para encontrarlas. Al enterarse de que Puertos del Estado había cerrado un acuerdo con Soluciones de Gestión, consideró prudente contactar con ellos mediante Íñigo Rotaeche, supuesto testaferro de Víctor de Aldama.
No obstante, la selección de esta empresa se realizó pese a las alertas sobre su situación financiera. Un informe elaborado por el director general financiero de Adif comparó la oferta de Soluciones de Gestión con la de otra compañía, Injoo Technology. En dicho análisis, la empresa vinculada a la trama obtuvo una calificación de solo un «tres sobre diez» y fue calificada con un «riesgo alto de impago», mientras que la otra presentaba un riesgo medio. Miranda justificó su recomendación a Pardo de Vera señalando que no existía un riesgo financiero significativo porque el pago no se adelantaba y coincidía con la recepción de pedidos que Puertos del Estado había efectuado.
Rechazo de comisiones y ausencia de presiones políticas
A pesar de reconocer la jerarquía en la toma de decisiones, Michaux Miranda —quien está siendo investigado por estos hechos en la Audiencia Nacional— negó haber recibido órdenes de Koldo García o del propio José Luis Ábalos para efectuar la adjudicación. Asimismo, descartó de forma categórica que se percibieran comisiones y defendió que la empresa cumplió con los plazos establecidos, aunque reconoció un «retraso inicial» vinculado a la situación provocada por la pandemia.
La sesión en la Sala Segunda del Tribunal Supremo también contó con las declaraciones del actual presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y de una empleada que participaron en la elaboración de un informe durante la revisión de estos contratos en 2024. Este miércoles está previsto que comparezca la propia Isabel Pardo de Vera en calidad de testigo ante el alto tribunal.
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