El Tribunal Supremo ha establecido una doctrina relevante al declarar que el corte de servicios esenciales como luz, agua o gas por parte del propietario a un ocupante ilegal que carece totalmente de título que lo autorice no constituye un delito penal de coacciones. La Sentencia 426/2026 de la Sala de lo Penal delimita el alcance del artículo 172 del Código Penal, señalando que no se puede obligar a un dueño a sufragar indefinidamente los servicios básicos de quien ha accedido ilegítimamente a su inmueble mediante usurpación o allanamiento.
La decisión del Alto Tribunal se basa en un caso ocurrido en Vigo, donde se ratificó la condena de nueve meses de prisión por violencia de género y coacciones a un hombre que interrumpió el suministro eléctrico en la vivienda familiar durante un proceso de separación. En la sentencia, los magistrados diferencian claramente la coacción contra un poseedor legítimo —como el cónyuge tras la separación— de las medidas tomadas por el titular frente a quienes se encuentran en la propiedad sin ningún derecho, contrato o título posesorio.
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Ausencia de delito cuando la ocupación carece de título habilitante
La doctrina judicial enfatiza que la cuestión fundamental es la tenencia o la absoluta falta de acreditación legal del ocupante. El Tribunal Supremo indica en su fallo que «nadie está obligado a responsabilizarse económicamente» de quien ocupa su propiedad sin autorización, eximiendo de responsabilidad penal al propietario que cancele los contratos con las compañías suministradoras o deje de pagar los recibos generados por ocupantes ilegítimos.
Sin embargo, el fallo advierte que las interrupciones o bajas no pueden realizarse de manera automática sin una comprobación legal previa. Para evitar incurrir en coacciones, el dueño debe demostrar de forma clara que el ocupante carece de todo respaldo contractual o permiso.
Exclusión expresa de los «inquiokupas» y casos en disputa
El criterio del Supremo delimita estrictamente sus alcances, excluyendo expresamente a los inquilinos morosos o «inquiokupas». Al haber existido un contrato de arrendamiento o un título que legitimó la entrada legal en el inmueble, la suspensión unilateral de suministros por parte del arrendador conlleva un riesgo considerable de responsabilidad penal.
Asimismo, la sentencia excluye de esta protección a los cónyuges en proceso de divorcio, a los precaristas consentidos —como familiares alojados— y a quienes presenten documentos cuya validez sea controvertida judicialmente. En estas situaciones complejas, el Tribunal Supremo requiere acreditar formalmente la invalidez del título en instancia civil antes de que el propietario pueda cortar los servicios sin riesgo penal.
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