En el debate sobre el decreto de ayudas para los afectados por los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida, el Partido Popular expresó críticas severas hacia la actuación del Ejecutivo. El diputado Bartolomé Madrid manifestó que, pese a los apoyos económicos anunciados, «las víctimas de estos siniestros no constituyen una prioridad para el Gobierno ni la transparencia un objetivo principal».
Aún con estas objeciones, el Grupo Popular anunció que apoyará el Real Decreto Ley, reconociendo en esta ocasión que el Gobierno ha hecho un uso adecuado de este mecanismo constitucional y sin incluir elementos ajenos a la urgencia que justifica la norma.
«Manual de resistencia» contra la justicia
Bartolomé Madrid se basó en una referencia literaria al presidente del Gobierno para organizar su crítica. Al citar el libro Manual de resistencia, explicó que el Ejecutivo mantiene una «resistencia» constante en tres áreas clave para los familiares de los fallecidos y heridos:
- Reticencia a la transparencia: El PP señala la falta de disposición para admitir errores técnicos o políticos.
- Evasión de responsabilidades públicas: Critican la ausencia de explicaciones directas y públicas por parte de quienes gestionan la red ferroviaria.
- Obstáculos a la justicia: El diputado calificó de «inaceptable» la supuesta retirada de material de la vía por parte de Adif tras los accidentes, lo que representaría un impedimento para el trabajo de peritos y tribunales.
Apoyo condicionado al decreto
El Partido Popular considera que la ayuda llega tarde y bajo un proceso poco transparente, pero su voto favorable asegura la aprobación de las indemnizaciones. No obstante, Bartolomé Madrid insistió en que el pago único de 216.000 euros para los herederos no compensa la «falta de colaboración» del Gobierno con la justicia para aclarar las causas de los siniestros.
Según esta formación, la prioridad de cualquier gobierno frente a una tragedia ferroviaria debe ser la reparación moral y la asunción de responsabilidades, aspectos que, sostienen, han sido relegados frente a la protección institucional que brindan Adif y el Ministerio de Transportes.
Elemento conflictivo: La denuncia sobre la retirada de material de las vías por parte de Adif se presenta como uno de los aspectos más controvertidos en la causa judicial, afectando directamente la confianza de las asociaciones de víctimas.
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