El Consejo de Ministros activa el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para tomar medidas contra las tecnológicas, al entender que vulneran los derechos y la dignidad de los menores
El Ejecutivo español ha reforzado su postura frente a las grandes compañías tecnológicas. El presidente Pedro Sánchez ha informado que este martes el Consejo de Ministros solicitará formalmente, amparado en el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una investigación sobre X (previamente Twitter), Meta y TikTok. El propósito es esclarecer posibles responsabilidades legales relacionadas con la generación y distribución de pornografía infantil creada mediante inteligencia artificial en estas plataformas.
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Una respuesta contundente frente a la impunidad tecnológica
En un mensaje publicado en X, Sánchez explicó que esta actuación responde a que dichas plataformas «atentan contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas». Subrayó que el Estado no puede mantenerse pasivo ante estos delitos digitales: «La impunidad de estas grandes empresas debe terminar», afirmó categóricamente.
El motivo detrás del recurso al Ministerio Fiscal radica en la necesidad de proteger a los menores de los nuevos riesgos que implica la inteligencia artificial, que posibilita crear contenidos explícitos con alto grado de realismo. Según el presidente, esta situación implica una vulneración inadmisible de derechos fundamentales que la legislación española debe perseguir de forma activa.
Invocación del artículo 8 del Estatuto Orgánico Fiscal
La elección del procedimiento aplicado por el Consejo de Ministros no es fortuita. El artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal habilita al Gobierno a remitir al Fiscal General del Estado actuaciones que revisten especial importancia para salvaguardar el interés público. En este caso, el Ejecutivo entiende que la gravedad de los posibles ilícitos cometidos por X, Meta y TikTok —ya sea por acción directa, omisión o deficiencias en la supervisión de sus algoritmos— exige la intervención directa de la Fiscalía.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el control sobre los contenidos digitales y exigir mayor responsabilidad a las compañías tecnológicas en la gestión y supervisión de lo que se publica y genera en sus plataformas, especialmente en lo referido a la protección infantil.
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