El Gobierno suizo, mediante la organización Transparencia Venezuela, ha divulgado la lista de 37 ciudadanos venezolanos cuyas posibles cuentas bancarias y activos en Suiza han sido bloqueados por el Consejo Federal. Esta medida busca evitar la transferencia de fondos que podrían estar vinculados a actos de corrupción relacionados con el régimen chavista.
La resolución emitida el 5 de enero por el Consejo Federal suizo incluye a Nicolás Maduro y a una red de familiares, exfuncionarios y empresarios cercanos al anterior gobierno venezolano. La congelación abarca cualquier activo que mantengan en el país alpino, aunque las cifras específicas no han sido publicadas. Las autoridades suizas han invocado el secreto bancario y la normativa sobre activos ilícitos para justificar la ausencia de datos oficiales, no obstante, reportes periodísticos suizos de 2021 indicaban que más de 10.000 millones de dólares vinculados al entorno madurista podrían estar depositados allí.
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Entre los individuos destacados en la lista se encuentran Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores, junto con tres de sus hijos y un sobrino, todos sujetos a la congelación. Además, Transparencia Venezuela ha detallado la inclusión de prominentes figuras como el exministro de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza, la exministra Marleny Contreras Hernández, el exdirector petrolero Rafael Ramírez y su primo Diego Salazar, además de empresarios relacionados con el chavismo como Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo.
La lista no se limita únicamente a familiares directos: exviceministros como Javier Alvarado y Nervis Villalobos, así como personas vinculadas a redes de corrupción y contratos sobrevaluados durante la administración chavista, completan el listado público.
Las autoridades suizas han aclarado que la medida no afecta a miembros actuales del gobierno venezolano y que la congelación permanecerá activa al menos por cuatro años como una medida preventiva para impedir la movilización de activos que podrían considerarse de origen ilícito. También han indicado que, en caso de comprobarse legalmente la procedencia ilegal de los fondos, se buscará que estos recursos beneficien al pueblo venezolano.
Esta acción se suma a las sanciones que Suiza mantiene vigentes desde 2018 contra 70 venezolanos, en concordancia con medidas internacionales adoptadas ante violaciones de derechos humanos y el deterioro del Estado de derecho en Venezuela.
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