Marco Rubio, actual Secretario de Estado de Estados Unidos, ha desempeñado un papel fundamental en la planificación y ejecución de la operación militar denominada ‘Resolución Absoluta’. Esta operación concluyó el 3 de enero con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a una prisión en territorio estadounidense.
La Casa Blanca fundamenta la acción en los cargos que pesan contra ambos, entre ellos narcoterrorismo y corrupción. Rubio señaló que Maduro fue procesado en Estados Unidos en 2020 y destacó que no es el presidente legítimo de Venezuela, sino un fugitivo de la justicia estadounidense. Esta declaración se enmarca dentro de una estrategia más amplia de intervención en la soberanía venezolana.
Recientemente, Rubio ha modificado el discurso oficial, indicando que no se planean nuevas acciones militares y que Maduro será juzgado en Venezuela. Este ajuste forma parte de una estrategia que lleva gestándose más de 15 años, periodo en el cual Rubio ha tenido un papel destacado en la política exterior de Estados Unidos, especialmente desde la segunda administración de Donald Trump.
Desde su posición, Rubio ha calificado la situación en Venezuela como ‘‘intolerable’’ y ha insistido en que el régimen de Maduro representa una amenaza directa para la seguridad en el hemisferio occidental. En estos términos, Caracas ha sido señalado como un actor desestabilizador que coopera con redes criminales y grupos como Hezbolá, lo que ha servido para justificar la intervención militar estadounidense, a pesar del derecho internacional.
La presión ejercida por Rubio ha llevado a la aplicación de sanciones estrictas contra Venezuela desde 2010 y a bloqueos financieros orientados a aislar al chavismo. Esta estrategia se intensificó en 2025 cuando se duplicó la recompensa ofrecida por información que condujera a la captura de Maduro, traduciendo la retórica en acciones concretas.
Rubio también ha mantenido una constante vinculación entre Venezuela, Cuba y Nicaragua, formando un bloque considerado ‘‘insostenible’’ para los intereses de Estados Unidos. De este modo, la operación militar dejó de ser una acción aislada de Donald Trump para integrarse en la política estadounidense de seguridad nacional orientada a América Latina.
El paso del discurso a la acción fue paulatino; en marzo de 2025, Rubio anunció que Venezuela enfrentaría ‘‘sanciones severas’’ si no colaboraba en la repatriación de ciudadanos estadounidenses. Esto condujo a la detención de Maduro, permitiendo a Rubio articular que la intervención respondía a un mandato judicial, no a un conflicto bélico.
El trasfondo personal de Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, influye en su visión sobre América Latina. Para él, la caída de Maduro significaría un debilitamiento de Cuba, que históricamente ha dependido de los recursos venezolanos.
La relación entre Rubio y la líder opositora venezolana María Corina Machado ha sido importante en este contexto. Su respaldo ha brindado reconocimiento internacional a la oposición, pese a que recientes declaraciones de Trump pusieron en duda la capacidad de Machado para liderar una transición. Sin embargo, la colaboración entre ambos refleja una estrategia coordinada para promover la caída del régimen de Maduro.
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