Tras una investigación interna que recogió múltiples denuncias, la Universitat de Barcelona (UB) ha optado por remitir a la Fiscalía las acusaciones formuladas contra Ramón Flecha y otros miembros del grupo CREA, debido a presuntas conductas de acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral. El colectivo ya ha comunicado su disolución, mientras la universidad ha suspendido a varios implicados.
El caso, que se hizo público en julio de 2025, comenzó cuando catorce mujeres — entre alumnas, becarias e investigadoras vinculadas al grupo CREA — denunciaron ante la UB abusos de poder, coerción sexual y desigualdades jerárquicas atribuidas al catedrático emérito Ramón Flecha. Según relataron, sus trayectorias académicas dependían de favores sexuales y describieron un patrón de presión, intimidación y explotación que se prolongó durante décadas.
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Ante los hechos, la universidad constituyó una comisión investigadora integrada por especialistas en violencia de género y acoso institucional. Recientemente, el comité presentó un informe preliminar que señala que las conductas denunciadas podrían corresponder a un “grupo coercitivo de alto control”.
Considerando la gravedad de las situaciones y la coherencia en los testimonios de las víctimas — que suman ya dieciséis —, la universidad decidió trasladar el caso al Ministerio Fiscal y adoptar medidas cautelares, suspendiendo temporalmente al propio Flecha y al menos a otros tres integrantes del grupo.
En respuesta, el grupo CREA anunció su disolución inmediata, argumentando que busca evitar nuevos perjuicios profesionales a sus miembros, aunque mantiene que las denuncias forman parte de una campaña de difamación.
Qué evidencia la investigación y su relevancia
Las denuncias abarcan un extenso periodo, señalando abusos sexuales, acoso laboral, presión psicológica, intimidación, explotación de subordinadas y un ambiente de sumisión en el que las relaciones de poder se entrelazaban con promesas de progreso académico.
El informe preliminar califica al grupo como un “grupo coercitivo de alto control”, lo que indica que no se trataría de incidentes aislados sino de un patrón estructural de abuso.
La UB ha comunicado que actuará como acusación particular si la Fiscalía determina que las conductas denunciadas constituyen delito; paralelamente, ha implementado medidas cautelares y ofrece apoyo psicológico a las afectadas.
El denominado “caso Flecha” representa un punto de inflexión para la comunidad académica española. La decisión de la UB de llevar los hechos ante la justicia y la disolución del grupo CREA son señales claras de que las instituciones deben responder con contundencia ante denuncias de abuso de poder. Para muchas víctimas, este paso abre la posibilidad de obtener justicia y reparación, además de evidenciar la necesidad de revisar estructuras de poder, jerarquías abusivas y mecanismos de control en el ámbito universitario.
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