Durante una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que sería «prudente» que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, considere renunciar a su cargo. Sugirió que continuar al frente del país podría traerle consecuencias negativas.
Las declaraciones de Trump se produjeron en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, luego de que Estados Unidos implementara bloqueos para impedir el ingreso y salida de buques petroleros sancionados en aguas venezolanas. Al ser consultado sobre si su administración busca derrocar a Maduro, respondió de manera ambigua, señalando que «probablemente sí», aunque enfatizó que la decisión depende del propio mandatario venezolano.
La situación se intensificó cuando EE.UU. informó que está en una «persecución activa» para capturar un tercer petrolero cercano a costas venezolanas, en el marco de un operativo militar en el Caribe orientado a interceptar embarcaciones presuntamente involucradas en tráfico de drogas. Washington ha relacionado a Maduro con el llamado Cartel de los Soles, acusación que Venezuela rechaza firmemente.
Por su parte, Caracas negó las imputaciones de narcotráfico y, a través de una comunicación estatal, Maduro acusó a Estados Unidos de actuar como piratas al confiscar dos buques petroleros recientemente. Esta respuesta refleja el rechazo venezolano a las medidas de Washington, que consideran una agresión a su soberanía y una provocación.
Maduro criticó además el enfoque de Trump en Venezuela, sugiriendo que el mandatario estadounidense debería concentrarse en solucionar los asuntos internos de su país. «Dedica el 70% de sus discursos a Venezuela», afirmó Maduro, insistiendo en que un líder no debe interferir en la gobernanza de otras naciones.
En reacción a esta escalada, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primer debate una ley para proteger las libertades de navegación y comercio de sus buques frente al bloqueo impuesto por Estados Unidos. Esta normativa contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes apoyen actos calificados como piratería por el gobierno venezolano, evidenciando la preocupación de Caracas ante la intervención estadounidense en su economía.
El diputado Giuseppe Alessandrello, impulsor del proyecto, destacó que la ley se fundamenta en la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958 y en la Carta de las Naciones Unidas. Su objetivo es asegurar las libertades marítimas y comerciales, permitiendo a Venezuela defender sus intereses ante acciones hostiles de Estados Unidos.
El conflicto entre ambas naciones continúa siendo complejo y volátil, con la relación deteriorada en los últimos años. Las declaraciones de Trump reflejan un enfoque más intervencionista de EE.UU. en la política exterior hacia Venezuela. Frente a esta situación, Maduro y su gobierno mantienen una postura firme, enfrentando presiones externas y desafíos nacionales.
