La designación de Teresa Peramato como Fiscal General del Estado ha provocado un intenso debate en los ámbitos judicial y político de España. Con una trayectoria profesional de más de treinta años, Peramato es reconocida por su dedicación y esfuerzo, especialmente en la Fiscalía, en temas relacionados con la violencia de género.
Su nombramiento fue propuesto por el Consejo de Ministros, que la describe como una experta legal con un «reconocimiento unánime» entre los profesionales del derecho. Este respaldo cobra especial relevancia tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, condenado por revelar datos confidenciales, dejando un puesto clave en el sistema judicial vacante.
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Asociaciones principales de fiscales como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación de Fiscales (AF) han manifestado su apoyo a Peramato. La UPF, organización de la que formó parte durante años, ha valorado su elección destacando que refleja «las mejores cualidades» para ejercer como fiscal general. Cristina Dexeus, portavoz de la AF, también ha resaltado que Peramato es una profesional destacada y no encuentra objeciones a su candidatura.
Sus compañeros de trabajo describen a Peramato como una mujer con firmeza y rigor en su labor, además de ser trabajadora e inteligente. Su trayectoria, en particular su labor en defensa de los derechos fundamentales y su compromiso institucional, ha generado una impresión positiva tanto en sus colegas como en las asociaciones judiciales que buscan fortalecer la credibilidad del Ministerio Público.
Un aspecto relevante señalado es la necesidad de que Peramato enfrente los retos derivados de la controversia ligada a García Ortiz. Marien Ortega, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ha expresado expectativas de que su gestión contribuya a restaurar la imagen del Ministerio Público, dañada por recientes acontecimientos. Su liderazgo podría representar un nuevo comienzo para la Fiscalía, que ha estado afectada por una crisis institucional.
No obstante, no todos los sectores han mostrado apoyo unánime. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), de tendencia conservadora, ha señalado que el nombramiento de Peramato supone una continuidad con su antecesor. Miguel Pallarés, presidente de la APIF, reconoce sus méritos, pero afirma que la asociación no anticipa un cambio sustancial en la dirección del organismo.
La crítica se centra en la vinculación de Peramato con la UPF, lo que genera dudas sobre su independencia frente al Gobierno. Pallarés enfatiza la importancia de que el Ministerio Fiscal recupere su autonomía dentro del poder judicial y espera observar cómo Peramato gestionará esta responsabilidad en su cargo.
Con el avance del proceso de designación, la discusión sobre el futuro del Ministerio Público se intensifica. ¿Logrará Teresa Peramato devolver el prestigio y la confianza pública a la Fiscalía? Su experiencia indica que está preparada para asumir este desafío.
