El Ministerio de Consumo, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha emprendido una medida significativa para controlar irregularidades en el mercado de viviendas. El viernes 16 de enero de 2026, se confirmó el lanzamiento de una investigación exhaustiva enfocada en los portales inmobiliarios que ofrecen alquileres en áreas tensionadas, pero que no cumplen con los nuevos criterios de transparencia.
Esta acción se deriva de la implementación de la reciente Ley de Servicios de Atención a la Clientela, publicada en el BOE el 27 de diciembre, que establece requisitos más estrictos sobre la información que deben facilitarse en las ofertas de alquiler.
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Cambios en los requisitos de los anuncios en línea
Anteriormente, la Ley de Vivienda exigía informar sobre el precio del contrato previo antes de la firma. Con la normativa vigente, esta información debe estar disponible de manera inmediata y visible en el propio anuncio en portales como Idealista, Fotocasa y otros:
• Para particulares: Es obligatorio especificar cuál fue el precio de la última renta del contrato anterior.
• Para grandes propietarios: Se debe incluir el índice de renta aplicable para demostrar que el precio anunciado no supera los límites legales vigentes en la zona considerada tensionada.
El Ministerio entiende que la omisión de estos datos supone una «práctica desleal por engañosa», ya que impide al inquilino verificar la legalidad del precio antes de contactar con el anunciante.
Consecuencias económicas para inmobiliarias y portales
La Dirección General de Consumo ha advertido que no cumplir estas disposiciones puede acarrear sanciones económicas sustanciales, conforme a la gravedad de la infracción o al beneficio ilícito obtenido:
1. Infracciones graves: Multas entre 10.000 y 100.000 euros, o hasta seis veces el beneficio ilegal.
2. Infracciones muy graves: Penalizaciones desde 100.000 hasta un millón de euros, o hasta ocho veces el beneficio indebido.
Posible extensión de contratos de alquiler
Paralelamente a esta investigación, el Ministerio ha planteado la posibilidad de prorrogar los contratos de alquiler que finalizan en 2026 y 2027. Esta iniciativa tiene como finalidad aliviar la presión financiera sobre los inquilinos ante la reducción de la oferta y la persistente resistencia a la baja en los precios, a pesar de la regulación vigente.
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