El próximo 6 de febrero, el Tribunal Supremo llevará a cabo una audiencia preliminar que servirá como paso previo al juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, quienes están siendo investigados por supuestas irregularidades en contratos de mascarillas durante la crisis sanitaria. Según fuentes judiciales, el juicio oral podría comenzar en el mes de abril.
Este viernes, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, se reunió de forma informal con las partes para coordinar el calendario del proceso, tras la comunicación del nuevo abogado de Ábalos sobre su ocupación durante marzo debido a señalamientos relacionados con el caso Púnica. En principio, el Supremo consideraba iniciar el juicio a finales de febrero o a comienzos de marzo.
La sesión del 6 de febrero se realizará conforme al artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformado el año pasado mediante real decreto, y tendrá como objetivo tratar las cuestiones previas al juicio oral. Durante esta audiencia, las partes podrán plantear nulidades, posibles vulneraciones de derechos fundamentales, cuestiones de competencia, causas para suspender el juicio, así como valorar las pruebas propuestas y eventuales acuerdos.
Una vez concluida la audiencia, el tribunal emitirá una resolución sobre las cuestiones planteadas y, si no se aceptan las nulidades, establecerá de manera definitiva la fecha del juicio, programada para después de la Semana Santa.
Se acusa a Ábalos y García de haberse concertado para obtener un beneficio económico conjunto a través de la adjudicación de contratos públicos a empresas relacionadas con el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama. Según la investigación, se habría aprovechado el cargo de Ábalos tanto en el Gobierno como en su posición en el PSOE, donde ejercía como Secretario de Organización.
Desde el 27 de noviembre, ambos permanecen en prisión preventiva debido a que el magistrado instructor, Leopoldo Puente, consideró que existía un riesgo «extremo» de fuga dadas las penas elevadas solicitadas. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, mientras las acusaciones particulares elevan la petición hasta 30 años de cárcel. Por su parte, para Aldama, quien ha reconocido los hechos y colabora con el Ministerio Público, se solicitan siete años de prisión.
Este procedimiento constituye el primer juicio relacionado con el denominado caso Koldo, que incluye otras causas abiertas en el Tribunal Supremo —entre ellas, una vinculada con supuestos amaños en adjudicaciones públicas que afecta también al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán— y varias investigaciones en curso en la Audiencia Nacional, incluyendo una por presuntos pagos en efectivo al partido.
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