Se busca revisar la sentencia de muerte contra Kim Jae-gyu, ejecutado en 1980 por matar al presidente autoritario. La familia del ex jefe del espionaje sostiene que actuó por motivos patrióticos.
Más de cuarenta años después de su ejecución, el nombre de Kim Jae-gyu regresa a los tribunales en Corea del Sur. El ex director de la agencia de inteligencia fue ahorcado en 1980 por haber asesinado al presidente Park Chung-hee, y ahora la justicia surcoreana ha decidido reabrir el caso. Aunque Kim ya no puede presentarse en juicio, el proceso tiene como objetivo revisar el polémico juicio que lo condenó, marcado por denuncias de tortura y falta de garantías legales.
El 26 de octubre de 1979, durante una cena en la sede de la Agencia Central de Inteligencia Coreana (KCIA) en Seúl, Kim disparó contra el presidente. En ese mismo incidente también mató al jefe de seguridad de Park. Este hecho, impactante para el país, fue especialmente sorprendente dado que Kim había sido un colaborador cercano de Park durante años e incluso desempeño labores como su escolta personal.
La sociedad surcoreana quedó profundamente dividida: para algunos, Park era un déspota que había tomado el poder mediante un golpe militar en 1961 y gobernó con mano dura durante 17 años; para otros, fue un líder que sentó las bases del llamado “milagro económico” de Corea del Sur. La muerte de Park desencadenó un periodo de inestabilidad política que terminó con otra dictadura militar bajo Chun Doo-hwan y, finalmente, con la transición democrática en 1987.
La familia de Kim Jae-gyu ha luchado durante años para que no se le considere un traidor, sino un patriota que actuó para liberar al país de un régimen tiránico. A principios de este año, un tribunal de Seúl decidió reabrir el caso tras determinar que existen pruebas suficientes de que el juicio original de 1980 fue profundamente irregular.
Este miércoles ha comenzado oficialmente el nuevo proceso en el Tribunal Superior de Seúl, con la presencia de algunos familiares de Kim y la atención de una opinión pública dividida. El equipo legal de la familia busca revocar el cargo de insurrección, que fue el delito más grave que llevó a la ejecución de Kim.
“El juicio inicial fue una simulación. Los testigos fueron interrogados sin la presencia de la defensa y sus declaraciones no se presentaron como evidencia formal”, afirmó An Dong-il, abogado que participó en la defensa original.
El nuevo juicio coincide con otro proceso de relevancia: el del expresidente Yoon Suk Yeol, investigado por traición tras haber declarado la ley marcial en diciembre de 2024. Para muchos, ambos casos reflejan heridas que aún permanecen abiertas en la historia democrática de Corea del Sur.
Las recientes pesquisas indican que Kim fue sometido a torturas antes del juicio y que las condiciones legales del proceso fueron violadas sistemáticamente por la junta militar que gobernaba en ese momento. Ahora corresponde a la justicia surcoreana decidir si rehabilita a un hombre que para algunos fue el verdugo de un tirano y, para otros, un criminal que traicionó a su propio presidente.
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