El juez a cargo de la instrucción judicial ha indicado en un auto que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, actuó «tras recibir órdenes de Presidencia del Gobierno», en una causa que ha tenido un fuerte impacto sobre la Fiscalía.
De acuerdo con el magistrado, García Ortiz habría seguido indicaciones externas en decisiones importantes vinculadas a la causa, lo que podría representar una grave afectación a la independencia del Ministerio Fiscal. Asimismo, el juez critica al fiscal general por el borrado masivo de información en sus dispositivos electrónicos durante la instrucción judicial, calificándolo como una posible obstrucción a la justicia.
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A esta conducta se suma la negativa de García Ortiz a responder a las preguntas del juez instructor, actitud interpretada como falta de cooperación con el proceso judicial. «La conducta del fiscal general no solo ha entorpecido la investigación, sino que genera serias dudas sobre la autonomía de su gestión», apunta el auto.
Por el momento, el entorno del fiscal general no ha emitido ninguna declaración oficial, aunque fuentes cercanas afirman que «todas las actuaciones se desarrollaron conforme a la legislación vigente».
Este nuevo capítulo incrementa la presión sobre el Gobierno, que podría verse obligado a ofrecer explicaciones públicas si se confirma la existencia de instrucciones directas desde Moncloa.
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