El Gobierno ha vivido un nuevo episodio de tensión interna, esta vez por el cumplimiento de una resolución del Tribunal Supremo relacionada con la acogida de menores migrantes. La polémica estalló tras conocerse que la Abogacía del Estado había presentado un recurso contra el auto del Alto Tribunal que obliga al Ejecutivo a integrar en el sistema nacional de acogida a unos 1.200 menores malienses y senegaleses que solicitaron asilo político y se encuentran actualmente hacinados en centros de Canarias.
La decisión de recurrir el auto fue una sorpresa incluso para los propios ministerios afectados, que no fueron informados previamente. La reacción más contundente llegó desde el Ministerio de Política Territorial. Su titular, Ángel Víctor Torres, mostró su rechazo frontal al recurso y exigió su retirada inmediata. El ministro, que lidera las negociaciones migratorias con las comunidades autónomas, había afirmado públicamente que el Gobierno acataría la resolución judicial sin recurrirla.
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Torres, alarmado por las implicaciones políticas y humanitarias del recurso, presionó durante la tarde para que la Abogacía diera marcha atrás. Finalmente, y menos de 24 horas después, se confirmó que el recurso sería retirado este mismo viernes. “El Supremo no dice que estos menores deban quedarse en Canarias o trasladarse a otro lugar; lo que dice es que deben estar en el sistema nacional de acogida”, subrayó el ministro tras reunirse ayer con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
El fallo del Supremo establece que el Gobierno debe garantizar el acceso de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional en un plazo improrrogable de diez días, que vence el próximo martes, 8 de abril. Además, el Alto Tribunal requiere que se informe posteriormente de las medidas adoptadas para cumplir el auto. El recurso de la Abogacía no tiene efectos suspensivos, por lo que el plazo sigue vigente.
La resolución del Supremo responde a la situación de hacinamiento en los centros de acogida de las islas, que actualmente no tienen capacidad para asumir la tutela de tantos menores, una responsabilidad que tradicionalmente ha recaído en las comunidades autónomas. Según fuentes del Ejecutivo, al menos 550 de estos menores ya han formalizado solicitudes de asilo, y el resto ha manifestado su intención de hacerlo.
El Gobierno tiene previsto derivar a 4.000 menores desde Canarias y 400 desde Ceuta al resto del país. Sin embargo, las comunidades gobernadas por el Partido Popular rechazan esta redistribución. Sumar, socio del Ejecutivo, ha pedido un protocolo urgente de colaboración entre administraciones para atender a los menores cuanto antes.
La crisis interna, aunque aparentemente resuelta, ha evidenciado fisuras en el Ejecutivo en una materia tan sensible como la migración, y pone el foco en la necesidad de una respuesta coordinada para atender a los menores que buscan protección en España.
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