El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha desestimado la petición de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para investigar las comunicaciones de los periodistas de elDiario.es que revelaron su presunto caso de doble fraude fiscal. En un auto emitido recientemente, el magistrado argumenta que la solicitud afecta al secreto periodístico, un derecho fundamental que protege las fuentes de información de los profesionales de la prensa.
Hurtado dejó claro que “en ningún caso se accederá a diligencia alguna que pueda suponer afectación al secreto periodístico”, subrayando la especial protección que este derecho otorga a los periodistas en activo. La solicitud incluía la investigación de posibles comunicaciones entre los reporteros de elDiario.es, el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, y otros implicados en la causa.
Peticiones de investigación rechazadas
A finales de diciembre, González Amador presentó una serie de peticiones para rastrear las conversaciones telefónicas y los mensajes del fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid durante marzo de 2024. Entre sus solicitudes, incluyó a los periodistas de elDiario.es que publicaron la exclusiva, así como a otros reporteros de la Cadena SER y El Plural. Sin embargo, el juez consideró que estas diligencias no están justificadas y podrían vulnerar derechos fundamentales.
Progresos en la investigación
El magistrado, no obstante, sí ha avanzado en otras diligencias relacionadas con el teléfono del fiscal general. Se solicitará información al Ministerio Público sobre protocolos internos de protección de datos y el uso de dispositivos móviles, especialmente después de que la Guardia Civil no encontrara mensajes en el dispositivo requisado durante los registros de octubre, ya que había sido reemplazado como parte de un protocolo de seguridad.
Moncloa, en el foco de las acusaciones
Las acusaciones han pedido investigar la posible implicación de Moncloa en el caso, tras los mensajes presentados por Juan Lobato que señalaban que Pilar Sánchez Acera, asesora de Presidencia, tuvo acceso a la confesión del empresario antes de su publicación el 14 de marzo. También han solicitado la declaración de responsables de comunicación del Gobierno y el PSOE, como Francesc Vallés e Ion Antolín.
El juez, sin embargo, ha decidido posponer la toma de estas declaraciones hasta evaluar su relevancia para esclarecer los hechos: “Conviene valorar previamente hasta qué punto puede ser relevante su toma de declaración de cara al esclarecimiento de los hechos, que deberá ser ponderado en resolución aparte”.
Por ahora, el magistrado sigue adelante con otras líneas de investigación, pero se mantiene firme en la defensa del secreto periodístico, considerado esencial para la libertad de información y el ejercicio del periodismo en España.
