El Ministerio de Trabajo está tramitando un anteproyecto de ley que anula el despido de empleados que informen sobre irregularidades o actos corruptos en sus lugares de trabajo. Esta iniciativa pretende fortalecer las garantías legales y la protección de aquellos que denuncian este tipo de conductas.
En un contexto marcado por numerosas investigaciones de corrupción relacionadas con el Gobierno, la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha centrado su atención en combatir la corrupción dentro de las empresas.
El Ministerio ha presentado a consulta pública un anteproyecto cuyo objetivo es la protección de los trabajadores que comuniquen infracciones normativas o actos de corrupción en sus compañías.
Prohibición del despido y medidas contra represalias
Este anteproyecto, que incluye dos artículos y tres disposiciones finales, busca evitar cualquier forma de represalia contra quienes denuncien conductas ilícitas.
Una de las disposiciones clave establece que, si un trabajador es despedido por revelar corrupción o actos ilegales, dicho despido se considerará nulo.
Aunque la ley vigente de 2023 ya prohibía los tratos contraproducentes hacia los informantes, el Ministerio de Trabajo subraya la importancia de reforzar las garantías legales para asegurar la protección efectiva de estas personas.
“Es importante recordar que la jurisprudencia habitual impide declarar un despido como nulo salvo que exista una causa específica que lo justifique”, señala Trabajo para explicar la razón de esta propuesta.
El proyecto determina que serán inválidas las órdenes o decisiones empresariales que impliquen trato desfavorable o represalias contra quienes realicen reclamaciones o comuniquen actividades ilícitas.
Las aportaciones y observaciones al anteproyecto podrán presentarse hasta el 10 de diciembre.
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