La Fundación Disenso, vinculada a Vox, ha divulgado un informe que cuestiona la condición de españoles de aproximadamente 2,5 millones de personas que, pese a contar con la nacionalidad, no nacieron en territorio español. El documento argumenta que la inmigración representa una amenaza para el Estado del bienestar, al considerar que la mayoría de los inmigrantes recién llegados tienen recursos económicos limitados.
Esta organización sostiene que este fenómeno genera un gasto adicional para las finanzas públicas y advierte sobre lo que llama un riesgo social y económico. Desde sectores críticos, estas afirmaciones se interpretan como un intento de poner en entredicho los derechos adquiridos y de marginar a una parte considerable de la población española.
La controversia reactiva el debate en torno a la integración, la nacionalidad y el papel que desempeña la inmigración en una sociedad que, según datos oficiales, requiere de mano de obra extranjera para mantener su sistema de pensiones y cubrir la demanda laboral en sectores clave.
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