MADRID.— La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, expresó este martes la oposición clara de su partido al reparto autonómico de menores extranjeros no acompañados que llegan desde Ceuta, acusando al Gobierno central de emplear a la Fiscalía para imponer lo que denominó un «secuestro institucionalizado de menores».
Estas declaraciones surgieron tras la confirmación de que al menos tres comunidades donde Vox gobierna junto al Partido Popular —Castilla y León, Aragón y Extremadura— han aceptado a menores tras su llegada a la ciudad autónoma. Ante preguntas sobre si estos traslados correspondían a los acuerdos antes del 30 de julio, Millán evitó dar detalles concretos.
En su intervención, la portavoz señaló que «no es justo que se exija a los municipios más responsabilidad que al Gobierno» y calificó la distribución territorial como un «tráfico de personas institucionalizado». Además, destacó que en las zonas con presencia de su partido se adoptan medidas de oposición activa, como recurrir judicialmente cada solicitud de acogida, realizar pruebas para determinar la edad, reducir ayudas económicas directas y disminuir fondos a ONG que apoyan a los migrantes.
Desde Vox, fuentes internas aclararon la postura respecto a la acogida en las comunidades gobernadas, señalando que estas deben asumir la tutela de los menores por obligación legal. «Está claro que se debe obedecer la ley, pero eso no implica conformidad. No los aceptamos, nos los imponen», argumentaron, recalcando que el partido «rechaza el reparto y se sostiene en la ley» mientras continúa con acciones legales contra los traslados.
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Estas declaraciones surgieron tras la confirmación de que al menos tres comunidades donde Vox gobierna junto al Partido Popular —Castilla y León, Aragón y Extremadura— han aceptado a menores tras su llegada a la ciudad autónoma. Ante preguntas sobre si estos traslados correspondían a los acuerdos antes del 30 de julio, Millán evitó dar detalles concretos.
En su intervención, la portavoz señaló que «no es justo que se exija a los municipios más responsabilidad que al Gobierno» y calificó la distribución territorial como un «tráfico de personas institucionalizado». Además, destacó que en las zonas con presencia de su partido se adoptan medidas de oposición activa, como recurrir judicialmente cada solicitud de acogida, realizar pruebas para determinar la edad, reducir ayudas económicas directas y disminuir fondos a ONG que apoyan a los migrantes.
Desde Vox, fuentes internas aclararon la postura respecto a la acogida en las comunidades gobernadas, señalando que estas deben asumir la tutela de los menores por obligación legal. «Está claro que se debe obedecer la ley, pero eso no implica conformidad. No los aceptamos, nos los imponen», argumentaron, recalcando que el partido «rechaza el reparto y se sostiene en la ley» mientras continúa con acciones legales contra los traslados.
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MADRID.— La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, expresó este martes la oposición clara de su partido al reparto autonómico de menores extranjeros no acompañados que llegan desde Ceuta, acusando al Gobierno central de emplear a la Fiscalía para imponer lo que denominó un «secuestro institucionalizado de menores».
Estas declaraciones surgieron tras la confirmación de que al menos tres comunidades donde Vox gobierna junto al Partido Popular —Castilla y León, Aragón y Extremadura— han aceptado a menores tras su llegada a la ciudad autónoma. Ante preguntas sobre si estos traslados correspondían a los acuerdos antes del 30 de julio, Millán evitó dar detalles concretos.
En su intervención, la portavoz señaló que «no es justo que se exija a los municipios más responsabilidad que al Gobierno» y calificó la distribución territorial como un «tráfico de personas institucionalizado». Además, destacó que en las zonas con presencia de su partido se adoptan medidas de oposición activa, como recurrir judicialmente cada solicitud de acogida, realizar pruebas para determinar la edad, reducir ayudas económicas directas y disminuir fondos a ONG que apoyan a los migrantes.
Desde Vox, fuentes internas aclararon la postura respecto a la acogida en las comunidades gobernadas, señalando que estas deben asumir la tutela de los menores por obligación legal. «Está claro que se debe obedecer la ley, pero eso no implica conformidad. No los aceptamos, nos los imponen», argumentaron, recalcando que el partido «rechaza el reparto y se sostiene en la ley» mientras continúa con acciones legales contra los traslados.
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Estas declaraciones surgieron tras la confirmación de que al menos tres comunidades donde Vox gobierna junto al Partido Popular —Castilla y León, Aragón y Extremadura— han aceptado a menores tras su llegada a la ciudad autónoma. Ante preguntas sobre si estos traslados correspondían a los acuerdos antes del 30 de julio, Millán evitó dar detalles concretos.
En su intervención, la portavoz señaló que «no es justo que se exija a los municipios más responsabilidad que al Gobierno» y calificó la distribución territorial como un «tráfico de personas institucionalizado». Además, destacó que en las zonas con presencia de su partido se adoptan medidas de oposición activa, como recurrir judicialmente cada solicitud de acogida, realizar pruebas para determinar la edad, reducir ayudas económicas directas y disminuir fondos a ONG que apoyan a los migrantes.
Desde Vox, fuentes internas aclararon la postura respecto a la acogida en las comunidades gobernadas, señalando que estas deben asumir la tutela de los menores por obligación legal. «Está claro que se debe obedecer la ley, pero eso no implica conformidad. No los aceptamos, nos los imponen», argumentaron, recalcando que el partido «rechaza el reparto y se sostiene en la ley» mientras continúa con acciones legales contra los traslados.
