La discusión sobre la reforma de la financiación autonómica en España toma fuerza tras el anuncio del Gobierno sobre un modelo “común” que, según especialistas y negociadores, favorecería principalmente a Cataluña, al permitirle gestionar impuestos propios, incluido el IVA de pequeñas y medianas empresas, y aumentar sus ingresos por encima de la media nacional.
El plan fiscal que ha presentado el Ministerio de Hacienda y que cuenta con el respaldo de los representantes catalanes —ERC y PSC— contempla un sistema que combina multilateralidad y bilateralidad. Esto implica que, aunque exista un marco general para todas las comunidades autónomas, aquellas con competencias específicas, como Cataluña, podrían recibir financiación adicional.
Un aspecto controvertido es la propuesta de modificar la distribución del IVA generado por las pymes. En lugar de repartirlo con base en el consumo, como sucede actualmente, se plantearía asignarlo según la ubicación social de la empresa. Además, la proporción que perciben las comunidades sobre este impuesto aumentaría del 50 % al 56,5 %. Dado que Cataluña alberga una gran concentración de sociedades, se estima que esta medida podría incrementar su recaudación en aproximadamente 1.400 millones de euros anuales.
Según cálculos de la Generalitat, esta reforma podría suponer un ingreso adicional de entre 3.800 y 5.000 millones de euros, dependiendo del modelo definitivo que se adopte.
Para asegurar que el sistema sea considerado equitativo por el Estado, sería necesario que el Gobierno aporte un suplemento presupuestario cercano a 20.000 millones de euros para evitar que otras comunidades autónomas experimenten una reducción en su financiación.
Implicaciones para España y sus comunidades autónomas
- Este enfoque podría permitir una financiación más adaptada a las características productivas y competencias propias de cada autonomía, aunque podría generar desigualdades significativas entre regiones, favoreciendo a algunas por encima de otras.
- Las comunidades con un menor desarrollo productivo o menos presencia de pymes podrían ver disminuido su peso financiero relativo, lo que reabriría el debate sobre la solidaridad territorial y la equidad fiscal.
- El costo para el Estado sería elevado: para garantizar que ninguna comunidad pierda recursos, se requeriría inyectar decenas de miles de millones adicionales. Esto demanda un consenso a nivel nacional y un plan claro para financiar el sistema general.
¿Equidad territorial o trato asimétrico privilegiado?
La propuesta de un modelo común que otorgue un beneficio especialmente destacado a Cataluña vuelve a poner sobre la mesa temas históricos relacionados con la financiación autonómica, autonomía fiscal y distribución de recursos. Si no se implementa con transparencia y principios solidarios, existe el riesgo de establecer privilegios desiguales de manera institucional. El resultado dependerá del desarrollo final del modelo y de la capacidad del Estado para mantener un reparto justo.
