El documento del 24 de julio señalaba el riesgo de un posible colapso institucional y no estaba incluido entre las comunicaciones publicadas por Moncloa. Su contenido vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de las responsabilidades políticas.
Un informe enviado el 24 de julio por el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, advertía sobre la probabilidad de una llegada masiva de migrantes y un posible colapso de las administraciones, seis días antes del inicio de la crisis migratoria ocurrida los días 30 y 31 de julio.
El informe, redactado por su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, consideraba la entrada masiva como «altamente probable» y alertaba sobre consecuencias que podrían superar la capacidad de respuesta de las instituciones.
Una advertencia que no aparece en la documentación de Moncloa
Lo especialmente relevante es que este informe no estaba entre los 40 documentos y comunicaciones difundidos por Moncloa en septiembre para explicar las acciones previas a la crisis.
La Audiencia Nacional ha solicitado esta documentación en el marco de la investigación judicial, cuyo objetivo es esclarecer qué información recibieron las autoridades, qué medidas se tomaron y si hubo errores de previsión y coordinación.
La responsabilidad del Gobierno central
La existencia de esta advertencia añade un elemento importante al debate sobre las responsabilidades institucionales.
Pérez Triano ya comunicó el riesgo de una llegada masiva antes de que esta ocurriera, lo que obliga a distinguir entre las actuaciones de la Delegación del Gobierno y las decisiones que correspondían a los ministerios competentes.
Aunque el envío del informe no prueba por sí mismo que se adoptaran todas las medidas necesarias desde Ceuta, sí confirma que había una advertencia previa cuya respuesta debe analizarse.
¿Fue Pérez Triano el chivo expiatorio?
La aparición de este informe plantea una cuestión fundamental: si Pérez Triano advirtió sobre una llegada masiva y riesgo de colapso, ¿en qué medida puede atribuírsele la responsabilidad de una crisis cuya gestión también dependía del Gobierno central?
Su posterior renuncia y la ausencia del informe entre los documentos publicados por Moncloa generan una pregunta inevitable: ¿se ha convertido Pérez Triano en el chivo expiatorio de un Gobierno que, a pesar de recibir alertas, no reaccionó adecuadamente frente a la gravedad de la situación?
La investigación deberá clarificar qué conocía cada administración, qué decisiones se tomaron y dónde estuvieron los posibles fallos. Porque advertir sobre una crisis no implica disponer de todos los medios y competencias para evitarla.
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