MADRID.— Este miércoles, en el distrito madrileño de Retiro, la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, vivió un enfrentamiento con la Policía Nacional durante el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años. Montero se situó al frente de la protesta junto a miembros del Sindicato de Inquilinas y solicitó en varias ocasiones la presencia del responsable del operativo policial.
Frente al cordón de seguridad, Montero apeló a su condición de parlamentaria europea para pedir dialogar con el jefe del dispositivo. En respuesta, un agente le pidió que mantuviera la tranquilidad y evitara alterar a los presentes, señalando que para ellos «es una ciudadana como cualquier otra», pese a su cargo político.
Tras la intervención policial que permitió abrir el acceso al inmueble y llevar a cabo la orden judicial, Montero expresó críticas firmes en sus canales oficiales. La dirigente calificó la actuación como «violencia policial ordenada por el Gobierno», responsabilizando a la empresa propietaria, a la justicia y al Ejecutivo central del desalojo de la mujer que vivió en el inmueble durante siete décadas.
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Tras la intervención policial que permitió abrir el acceso al inmueble y llevar a cabo la orden judicial, Montero expresó críticas firmes en sus canales oficiales. La dirigente calificó la actuación como «violencia policial ordenada por el Gobierno», responsabilizando a la empresa propietaria, a la justicia y al Ejecutivo central del desalojo de la mujer que vivió en el inmueble durante siete décadas.
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Frente al cordón de seguridad, Montero apeló a su condición de parlamentaria europea para pedir dialogar con el jefe del dispositivo. En respuesta, un agente le pidió que mantuviera la tranquilidad y evitara alterar a los presentes, señalando que para ellos «es una ciudadana como cualquier otra», pese a su cargo político.
Tras la intervención policial que permitió abrir el acceso al inmueble y llevar a cabo la orden judicial, Montero expresó críticas firmes en sus canales oficiales. La dirigente calificó la actuación como «violencia policial ordenada por el Gobierno», responsabilizando a la empresa propietaria, a la justicia y al Ejecutivo central del desalojo de la mujer que vivió en el inmueble durante siete décadas.
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Frente al cordón de seguridad, Montero apeló a su condición de parlamentaria europea para pedir dialogar con el jefe del dispositivo. En respuesta, un agente le pidió que mantuviera la tranquilidad y evitara alterar a los presentes, señalando que para ellos «es una ciudadana como cualquier otra», pese a su cargo político.
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