Uber Eats informó este jueves que dejará de trabajar con repartidores autónomos en España, siendo la última plataforma importante de entrega de comida en adoptar un sistema totalmente basado en empleados. Hasta ahora, la empresa operaba con un modelo mixto, combinando repartidores autónomos y subcontratados, a diferencia de Glovo y Just Eat, que ya empleaban exclusivamente a trabajadores asalariados.
Esta resolución se enmarca en la creciente presión por parte de las autoridades y la amenaza de posibles sanciones penales para los directivos. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, Uber Eats podría evitar un proceso legal similar al que actualmente afronta Glovo si modificaba su estructura antes de que concluyera la investigación de la Inspección.
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En un comunicado oficial, un representante de Uber Eats señaló que la empresa “ratifica su compromiso con el cumplimiento de la ley rider y, tras años colaborando con empresas de logística, ha decidido eliminar la figura del repartidor autónomo, impulsando un modelo sostenible y duradero”.
Los repartidores que actualmente trabajan como autónomos podrán continuar su labor mediante la modalidad de empleados a través de subcontratas. La compañía no especificó una fecha concreta para esta transición, pero indicó que se llevará a cabo “a la mayor brevedad posible”.
Este cambio se produce casi cinco años después de la aprobación de la ley rider y refleja una tendencia en el sector, donde los tres principales actores ya operan con personal contratado: Just Eat siempre lo hizo así, Glovo desde julio de 2025 y ahora Uber Eats.
Fuentes del sector destacan que Uber Eats había disminuido notablemente el número de repartidores autónomos en meses recientes, preparando el terreno para esta evolución. El objetivo también es poner fin a los litigios pendientes y garantizar un proceso “equilibrado para todas las partes” en coordinación con sindicatos y autoridades.
El Ministerio de Trabajo advirtió que sin este ajuste podría haberse iniciado un procedimiento penal contra los directivos basado en el artículo 311 del Código Penal, que contempla penas de seis meses a seis años de prisión por imponer condiciones laborales que restrinjan derechos legalmente garantizados.
Con esta decisión, Uber Eats completa una transformación en un sector que hasta hace poco estaba marcado por debates en torno a los derechos laborales y la regulación del trabajo autónomo.
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