El presidente estadounidense Donald Trump firmó este sábado una orden ejecutiva destinada a proteger los ingresos provenientes de la venta de petróleo venezolano, que están depositados en cuentas del Tesoro de EE.UU., frente a posibles embargos judiciales o procesos legales que podrían afectar los intereses estratégicos de Washington. Trump calificó esta situación como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional y la política exterior, declarando formalmente una emergencia nacional para enfrentarla.
De acuerdo con un comunicado oficial de la Casa Blanca, la orden ejecutiva busca evitar que tribunales o acreedores embarguen o reclamen los ingresos petroleros venezolanos almacenados en cuentas de depósito gubernamentales del Tesoro estadounidense. Estos fondos provienen de la venta de crudo y se mantienen bajo custodia de EE.UU. con fines diplomáticos y gubernamentales; sin embargo, sin una protección legal adecuada, podrían estar sujetos a reclamaciones judiciales de terceros.
El documento señala que permitir embargos, sentencias, gravámenes u otros procesos sobre estas cuentas representa una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., por lo que se prohíbe la ejecución o reconocimiento de tales embargos sobre estos fondos. La orden invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 y la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que facultan al presidente para adoptar medidas extraordinarias ante amenazas al país.
Además, la orden establece que el Secretario del Tesoro debe considerar los ingresos petroleros venezolanos como propiedad soberana del Gobierno de Venezuela bajo custodia estadounidense, y no como propiedad de EE.UU. Asimismo, debe seguir estrictamente las instrucciones del Secretario de Estado para cualquier desembolso o transferencia, evitando que estos fondos se utilicen con otros fines.
Esta disposición se da en el marco de una estrategia más amplia de la Administración Trump respecto a Venezuela. Dicha estrategia incluye acciones militares para la captura de Nicolás Maduro y fortalecimiento de la influencia estadounidense en la región, así como regulaciones sobre la venta y administración del petróleo venezolano. Trump también planea incentivar inversiones de hasta 100.000 millones de dólares en el sector energético venezolano por parte de grandes petroleras estadounidenses, bajo condiciones de «seguridad total» y con la intención de que parte de la producción llegue a refinerías norteamericanas.
Funcionarios de la Casa Blanca defienden la protección de estos fondos como una medida necesaria para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela, contribuir a frenar flujos ilegales de inmigración y narcóticos desde la región, combatir la influencia de actores considerados adversarios y promover la seguridad hemisférica.
La orden fue firmada mientras Trump se encontraba en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, como parte de una estrategia que combina presión política, control de recursos energéticos y propuestas de inversión estructural en Venezuela.
Puntos destacados de la orden ejecutiva
- Declaración de emergencia nacional para proteger los fondos petroleros venezolanos.
- Bloqueo de embargos y procesos judiciales contra dichos ingresos.
- Reconocimiento de estos ingresos como propiedad soberana de Venezuela bajo custodia de EE.UU.
- Integración de la medida en una estrategia más amplia para reactivar el sector petrolero venezolano mediante inversiones.
- Objetivos de estabilidad política, control migratorio y de narcóticos, y contrarrestar influencias adversas en la región.
La promulgación de esta orden ejecutiva representa un avance importante en la política estadounidense hacia Venezuela al brindar protección legal a los ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas estadounidenses y rechazando embargos o reclamaciones internacionales que puedan afectar los objetivos de Washington. La declaración de emergencia nacional reafirma el compromiso de la Administración Trump de salvaguardar estos activos clave y define la orientación de la política energética y diplomática en un contexto de elevada tensión geopolítica.
